Vladimir Putin y Leonid Kuchma firman en Kiev, el 28 de enero de 2003, el tratado sobre la frontera estatal entre Rusia y Ucrania. Fuente: Presidencia de Rusia, kremlin.ru (CC BY 4.0).
El 28 de enero de 2003, en Kiev, Vladimir Putin y Leonid Kuchma firmaron el tratado sobre la frontera estatal entre Rusia y Ucrania. Putin lo ratificó por ley en abril de 2004, y la web del Kremlin explicó entonces en qué se basaba la línea. Era el límite administrativo entre la República Socialista Federativa Soviética de Rusia y la República Socialista Soviética de Ucrania en el momento de disolverse la URSS. Con esa base, Donetsk y Lugansk quedaban dentro de Ucrania, igual que Crimea, que formaba parte de la república ucraniana desde 1954.
Ese es el punto de partida de este artículo, que responde a 2 preguntas con documentos y con datos. La primera es si Rusia tiene alguna base jurídica para reclamar territorio ucraniano. La segunda es contra qué dispara cada bando, porque no es lo mismo atacar que defenderse, pero defenderse tampoco da carta blanca.
La respuesta corta a la primera es que no. La respuesta corta a la segunda es que los datos muestran una diferencia enorme de escala y de patrón entre los 2 bandos, pero no una pureza absoluta de ninguno. Las 2 cosas son ciertas a la vez, y voy a intentar no quedarme con la mitad que más guste.
Las fronteras que Rusia firmó.
Cuando la URSS se disolvió, las repúblicas que la formaban se quedaron con sus límites administrativos como fronteras internacionales. Rusia, Ucrania y Bielorrusia lo pusieron por escrito el 8 de diciembre de 1991 en el acuerdo que creaba la Comunidad de Estados Independientes. En su artículo 5, las 3 partes reconocen y respetan la integridad territorial de las demás y la inviolabilidad de las fronteras existentes dentro de la Comunidad.
Firma del acuerdo que disolvía la URSS y creaba la Comunidad de Estados Independientes, el 8 de diciembre de 1991. Fuente: Yu. Ivanov, RIA Novosti, vía Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0).
El 5 de diciembre de 1994, 3 años después, llegó el Memorando de Budapest. Ucrania renunciaba al arsenal nuclear que había heredado de la URSS y entraba en el Tratado de No Proliferación como Estado sin armas nucleares. A cambio, Rusia, el Reino Unido y Estados Unidos reafirmaban su compromiso de respetar su independencia, su soberanía y sus fronteras existentes, y su obligación de no recurrir a la amenaza ni al uso de la fuerza contra su integridad territorial. Hay que tener en cuenta que su valor jurídico se discute. Muchos especialistas lo consideran un conjunto de garantías políticas y no un tratado con obligaciones exigibles, aunque Ucrania lo registró en la ONU en 2014.
El tercer documento sí es un tratado en toda regla. El Tratado de Amistad, Cooperación y Asociación entre Ucrania y Rusia, firmado en Kiev el 31 de mayo de 1997 y en vigor desde el 1 de abril de 1999, dice en su artículo 2 que las partes respetarán la integridad territorial de la otra y confirman la inviolabilidad de sus fronteras comunes. Ucrania decidió no prorrogarlo en 2018 y dejó de estar en vigor en 2019. Pero estaba plenamente en vigor en 2014, cuando Rusia ocupó y se anexionó Crimea.
El cuarto es el de la foto que abre este artículo, el tratado de frontera de 2003. Entró en vigor el 23 de abril de 2004 y la base de datos legislativa de la Rada ucraniana lo sigue dando como vigente.
Por encima de todos ellos está la Carta de las Naciones Unidas, cuyo artículo 2.4 obliga a todos los miembros a abstenerse de la amenaza o del uso de la fuerza contra la integridad territorial de cualquier Estado. No es una norma pensada para Ucrania. Es la misma que protege las fronteras de España, de México, de Argentina o de Marruecos.
La Asamblea General de la ONU lo ha dicho varias veces. El 27 de marzo de 2014 subrayó la falta de validez del referéndum de Crimea y pidió a los Estados que se abstuvieran de cualquier intento de modificar las fronteras de Ucrania mediante la amenaza o el uso de la fuerza, por 100 votos a favor, 11 en contra y 58 abstenciones. El 2 de marzo de 2022, 6 días después de la invasión, deploró la agresión de Rusia contra Ucrania en violación de la Carta por 141 votos a favor, 5 en contra y 35 abstenciones. Y el 12 de octubre de 2022 condenó el intento de anexión ilegal de Donetsk, Jersón, Lugansk y Zaporiyia por 143 votos a favor y 5 en contra.
Mapa de la votación de la resolución ES-11/1 de la Asamblea General de la ONU, de 2 de marzo de 2022, aprobada con 141 votos a favor, 5 en contra y 35 abstenciones. Fuente: Jurta vía Wikimedia Commons (CC0).
Aquí hay 2 matices que suman. El primero es que las resoluciones de la Asamblea General no son vinculantes. Expresan la posición de los Estados y no obligan como una sentencia. El segundo es que el apoyo ha bajado. En febrero de 2025 la resolución ucraniana salió adelante con 93 votos a favor, 18 en contra y 65 abstenciones, y Estados Unidos votó en contra junto a Rusia. En febrero de 2026 subió a 107 votos a favor, 12 en contra y 51 abstenciones, con Estados Unidos absteniéndose tras intentar sin éxito que se suprimieran las referencias a la soberanía y a la integridad territorial de Ucrania. Los votos cambian con la política de cada gobierno. Lo que dicen los tratados y la Carta no cambia con ellos.
Gráfica propia con los resultados de las principales votaciones sobre Ucrania en la Asamblea General de la ONU. Fuente: comunicados de la Asamblea General de la ONU.
Lo que alega Rusia.
Rusia no dice que tenga derecho a invadir a un vecino porque sí. Da razones, y lo justo es exponerlas en su mejor versión antes de contestarlas.
La razón jurídica oficial fue la legítima defensa. El 24 de febrero de 2022 Vladimir Putin anunció la «operación militar especial» invocando el artículo 51 de la Carta y la petición de ayuda de las «repúblicas populares» de Donetsk y Lugansk, a las que Rusia había reconocido como Estados 3 días antes y con las que acababa de firmar tratados de asistencia mutua. El problema es que solo un Estado puede pedir ayuda en legítima defensa colectiva, y esas «repúblicas» eran territorio ucraniano. La Asamblea General exigió a Rusia que revocara ese reconocimiento. Si bastara con reconocer como Estado un pedazo de otro país para después acudir en su ayuda, cualquier frontera del mundo podría saltar con 2 firmas.
La razón moral fue el «genocidio» en el Donbás. Ucrania llevó esa acusación ante la Corte Internacional de Justicia el 26 de febrero de 2022, y el 16 de marzo la Corte ordenó a Rusia, por 13 votos a 2, que suspendiera de inmediato las operaciones militares iniciadas el 24 de febrero. Dijo además que no tenía pruebas que respaldaran la alegación rusa de genocidio y que dudaba de que la Convención sobre el Genocidio autorice a un Estado a usar la fuerza en el territorio de otro para prevenirlo o castigarlo.
Hay que tener en cuenta el alcance de esa orden. Era una medida provisional y no una sentencia sobre el fondo, y Rusia no se presentó a la vista ni aportó pruebas, así que la Corte habló de lo que tenía sobre la mesa en ese momento. Después el caso se estrechó. En febrero de 2024 la Corte se declaró competente solo para decidir si hay pruebas creíbles de que Ucrania haya cometido genocidio en Donetsk y Lugansk, y en diciembre de 2025 admitió, por 11 votos a 4, las contrademandas con las que Rusia acusa a Ucrania de genocidio. Admitirlas no significa darles la razón, igual que la orden de 2022 no cerraba el asunto. El fondo está pendiente y el procedimiento llega, como poco, a 2027.
Mientras tanto, hay datos. La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos contó al menos 3.404 civiles muertos en el conflicto del este de Ucrania entre abril de 2014 y diciembre de 2021, incluidas las 298 víctimas del vuelo MH17. La gran mayoría murió en 2014 y 2015. En 2021, el año anterior a la invasión, murieron 25 civiles, la cifra más baja de todo el periodo, y más de la mitad de las víctimas civiles de ese año, entre muertos y heridos, lo fueron por minas y restos explosivos.
Gráfica propia con los civiles muertos cada año en el conflicto del este de Ucrania antes de la invasión de 2022. Fuente: Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.
Y aquí hay otro matiz que suma. Entre 2018 y 2021, el 81,4% de los civiles muertos o heridos en combates ─bombardeos, disparos y artefactos lanzados desde drones─ cayó en el territorio controlado por las «repúblicas» separatistas. La ONU no atribuye cada caso, pero el dato indica que hubo civiles alcanzados desde el lado ucraniano de la línea, y eso también hay que contarlo. Lo que estos datos no muestran es nada parecido a un genocidio, que exige la intención de destruir a un grupo, y la carga de probarlo corresponde a quien lo alega.
La tercera razón es la OTAN. Rusia sostiene que la ampliación de la Alianza hacia el este amenazaba su seguridad, y hay académicos occidentales, sobre todo de la escuela realista, que comparten parte de ese diagnóstico. Como análisis político se puede discutir. Lo que no hace es cambiar la ley. La Carta solo admite el uso de la fuerza en legítima defensa frente a un ataque armado o con autorización del Consejo de Seguridad, y ni la OTAN ni Ucrania habían atacado a Rusia. Un Estado que se siente amenazado por las alianzas de su vecino puede negociar, protestar o rearmarse, pero no invadirlo.
La cuarta razón es histórica. Crimea pasó de la república rusa a la ucraniana en 1954, y Rusia sostiene que aquello fue una decisión arbitraria de la época soviética. Puede que lo fuera. Pero la Rusia independiente aceptó esa frontera en 1991, en 1997 y en 2003, y su propio presidente firmó un tratado basado en el límite que existía al disolverse la URSS. En cuanto a los referendos, el de Crimea de 2014 y los de las 4 regiones de 2022 se celebraron bajo ocupación militar rusa, y la Asamblea General declaró inválido el primero y condenó como intento de anexión ilegal los segundos. Ninguno de estos argumentos convierte en legal una anexión.
Una regla que vale para todos.
Queda el argumento que de verdad importa. Quien acepta que Rusia puede quedarse con territorio ucraniano por la fuerza no está aceptando una excepción para Rusia. Está aceptando una regla, la de que cualquier país puede cambiar sus fronteras a costa de un vecino más débil si tiene medios para hacerlo y una historia que contar. Y todos los países tienen una historia que contar.
En este blog se explicó por qué Ceuta y Melilla son españolas, y la razón de fondo es la misma. El origen histórico de un territorio no decide lo que ese territorio es hoy, y las fronteras consolidadas por tratado no se mueven por la fuerza. Aquel artículo ya advertía de que el criterio de la reclamación histórica, llevado hasta el final, es el mismo que empleó Rusia con Crimea y con Ucrania. Quien lo defiende para Rusia lo defiende también para quien mañana reclame Ceuta y Melilla, o cualquier frontera de América, de África o de Europa.
No es una idea ucraniana ni europea. Es la regla que permite que un país pequeño exista al lado de uno grande, y deja de funcionar en cuanto se premia a quien la rompe.
Contra qué dispara cada bando.
Para comparar a los 2 bandos hay que separar 2 cosas que se confunden mucho. Una es el derecho a hacer la guerra [ius ad bellum], y ahí la situación está clara. Rusia agrede y Ucrania ejerce la legítima defensa del artículo 51 de la Carta, que incluye atacar blancos militares en territorio ruso. La otra es el derecho en la guerra [ius in bello], el derecho internacional humanitario, que obliga a los 2 bandos por igual sea quien sea el agresor. Defenderse no autoriza a atacar a civiles, y la ONU lo recuerda de forma expresa cuando analiza los ataques ucranianos.
Los datos más fiables son los de la Misión de Observación de los Derechos Humanos de la ONU en Ucrania. Desde el 24 de febrero de 2022 hasta el 31 de agosto de 2026 ha verificado 17.257 civiles muertos y 53.693 heridos. Son cifras mínimas, porque la Misión solo cuenta lo que puede verificar caso por caso y reconoce que la cifra real es bastante mayor, sobre todo en ciudades como Mariúpol. Y 2026 va camino de ser el peor año desde 2022, con 2.222 civiles muertos y 13.058 heridos entre enero y agosto, más que en todo 2025.
Gráfica propia con las víctimas civiles verificadas por la ONU desde el 24 de febrero de 2022. Los datos de 2026 llegan hasta el 31 de agosto. Fuente: Misión de Observación de los Derechos Humanos de la ONU en Ucrania.
La pregunta es dónde caen y con qué. Hasta enero de 2026, el 87% de las víctimas civiles de toda la guerra estaba en territorio controlado por Ucrania, y entre diciembre de 2025 y mayo de 2026 fue el 96%. En agosto de 2026 los misiles y los drones de largo alcance causaron el 47% de las víctimas, la mayoría lejos del frente, en ciudades. Entre el 13 y el 14 de mayo de 2026, en 24 horas, Rusia lanzó 1.428 municiones merodeadoras y 56 misiles contra Ucrania, y el misil que alcanzó un edificio de viviendas de Kiev hacia las 4 de la madrugada mató a 24 personas.
Que una víctima caiga en territorio controlado por Ucrania no prueba por sí solo quién disparó, y la ONU no atribuye caso por caso en sus cifras globales. Cuando lo hace, el sentido es claro. En enero de 2026, por ejemplo, la Misión atribuyó a los misiles y drones de largo alcance lanzados por las fuerzas armadas rusas el 39% de todas las víctimas civiles del mes, y el 99% de las víctimas de ese mes estaba en territorio controlado por el Gobierno ucraniano.
Restos de un dron Geran-2 derribado en Kiev el 14 de diciembre de 2022, con la inscripción «Por Riazán». Es el tipo de munición merodeadora que Rusia lanza por cientos en cada ataque masivo. Fuente: Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania vía Wikimedia Commons (CC BY 4.0).
Luego está la campaña contra la energía. Entre octubre de 2025 y marzo de 2026 Rusia atacó al menos 423 veces instalaciones de generación, transporte y distribución de electricidad, y al menos 74 veces centrales de calefacción, en el invierno más frío en Ucrania desde 2010, con temperaturas de más de 20 grados bajo cero. La ONU concluye que la escala y el alcance de esos ataques indican que no iban dirigidos contra instalaciones concretas que fueran «objetivos militares», sino a desarticular la red eléctrica del país entero, y que tratar toda la infraestructura energética como un «objetivo militar» es incompatible con el derecho humanitario.
La Corte Penal Internacional ha emitido órdenes de detención contra 4 altos cargos rusos por la campaña contra la red eléctrica del invierno de 2022 a 2023, entre ellos el entonces ministro de Defensa, Serguéi Shoigú, y el jefe del Estado Mayor, Valeri Guerásimov. Les atribuye dirigir ataques contra bienes civiles, causar daños civiles excesivos y el crimen de lesa humanidad de actos inhumanos. Hay que tener en cuenta que una orden de detención no es una condena. Significa que unos jueces ven motivos razonables para creer que los sospechosos son responsables, y ninguno ha sido juzgado.
Restos del misil balístico Tochka-U con munición en racimo que alcanzó la estación de tren de Kramatorsk el 8 de abril de 2022, abarrotada de civiles que esperaban ser evacuados. Human Rights Watch contó al menos 58 civiles muertos. En el costado se lee «Por los niños» en ruso. Fuente: ArmyInform vía Wikimedia Commons (CC BY 4.0).
Y está la caza de civiles con drones. La Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU sobre Ucrania concluyó en mayo de 2025 que los ataques rusos con drones contra civiles en la orilla derecha del Dniéper, en la provincia de Jersón, eran generalizados, sistemáticos y parte de una política de Estado coordinada, y que constituían el crimen de lesa humanidad de asesinato. En octubre de 2025 extendió esa conclusión a una franja de más de 300 km en las provincias de Jersón, Dnipropetrovsk y Mykoláiv. Son drones con cámara, cuyo operador ve en tiempo real lo que ataca.
Decenas de personas retiran escombros en el hospital infantil Ojmatdit de Kiev tras el ataque del 8 de julio de 2024. La Misión de la ONU vio una alta probabilidad de impacto directo de un misil de crucero ruso Kh-101, y el Kremlin negó su implicación. Fuente: Vitali Nosach, RBC-Ucrania, vía Wikimedia Commons (CC BY 4.0).
Con los prisioneros pasa algo parecido. La ONU ha verificado la ejecución de 129 prisioneros de guerra ucranianos y otras personas fuera de combate a manos de fuerzas rusas desde febrero de 2022, y casi todos los prisioneros ucranianos liberados que ha entrevistado describen torturas o malos tratos durante su cautiverio.
Vídeo de la Misión de Observación de los Derechos Humanos de la ONU en Ucrania sobre el ataque con misil de la Federación de Rusia contra un café de la aldea de Hroza. Fuente: UN Human Rights Ukraine en YouTube.
Lo que también hace Ucrania.
Hasta aquí, la parte que más se repite. Ahora la que menos, que está en los mismos informes de la misma ONU. Callarla sería hacer lo que se critica al otro lado.
Ucrania también ataca infraestructura energética. Entre octubre de 2025 y marzo de 2026 la ONU documentó al menos 29 ataques ucranianos contra instalaciones eléctricas en las zonas ocupadas de Donetsk, Lugansk, Zaporiyia, Jersón y Crimea, y ataques contra la electricidad y la calefacción de la provincia rusa de Bélgorod en al menos 7 días de 2026. Según el gobernador de Bélgorod, el del 8 de febrero dejó sin calefacción a 80.000 personas. La ONU no ha podido verificar los daños por falta de acceso, pero deja claro que las mismas normas se aplican a Ucrania y que una central conectada a la red nacional difícilmente es, por sí sola, un «objetivo militar» legítimo. La escala no se parece, 29 ataques documentados en las zonas ocupadas frente a 423 ataques rusos en el mismo periodo, pero la regla es la misma.
Ucrania también ha matado civiles. El 21 y 22 de mayo de 2026, durante un ataque de las fuerzas armadas ucranianas contra Starobilsk, en la provincia ocupada de Lugansk, uno o varios impactos alcanzaron un complejo educativo y mataron a 21 civiles, muchos de ellos estudiantes adultos, según la verificación de la ONU. Entre diciembre de 2025 y mayo de 2026, el 4% de las víctimas civiles verificadas de la guerra, 106 muertos y 192 heridos, cayó en territorio ocupado por Rusia.
Residencia de estudiantes y edificios del complejo educativo de Starobilsk, en la Lugansk ocupada, tras el ataque del 21 y 22 de mayo de 2026. La ONU atribuye el ataque a las fuerzas armadas ucranianas y verificó 21 civiles muertos. Fuente: Ministerio de Situaciones de Emergencia de Rusia vía Wikimedia Commons (CC BY 4.0).
Con los prisioneros, lo mismo. La ONU ha documentado desde 2022 la ejecución de 31 personas fuera de combate, entre ellas prisioneros de guerra rusos, a manos de fuerzas ucranianas, la gran mayoría en 2022 y principios de 2023. De los 134 prisioneros en manos ucranianas entrevistados para su último informe, 75 denunciaron torturas o malos tratos, sobre todo durante la captura y el traslado, antes de llegar a los lugares oficiales de internamiento. La ONU cuenta además 108 casos de violencia sexual cometidos por funcionarios ucranianos, frente a 817 cometidos por funcionarios rusos.
La Comisión de Investigación de la ONU documentó en 2023 un número pequeño de violaciones de las fuerzas ucranianas, entre ellas ataques probablemente indiscriminados y 2 incidentes que constituyen crímenes de guerra, en los que se disparó, hirió y torturó a prisioneros rusos. Human Rights Watch documentó que las fuerzas ucranianas dispararon en 2022 cohetes Uragan cargados con miles de minas contra personas PFM-1 sobre las zonas ocupadas alrededor de Izium, pese a que Ucrania es parte del tratado que las prohíbe, y verificó 11 víctimas civiles, 1 de ellas mortal. También documentó que los ataques ucranianos con munición en racimo sobre esa misma zona causaron muchas víctimas civiles.
Una mina contra personas PFM-1, conocida como «mina mariposa». Fuente: Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania vía Wikimedia Commons (CC BY 4.0).
Y queda lo que dice Rusia. Según sus autoridades, en agosto de 2026 murieron al menos 113 personas en Rusia y 85 en territorio ocupado. La ONU no ha podido verificar la gran mayoría de esas cifras por falta de acceso y de fuentes independientes, y así lo dice. Que un dato no esté verificado no significa que sea falso. Significa que no se puede dar por bueno sin más, ni para descartarlo ni para usarlo.
Ese es el límite principal del método, y no es pequeño. La ONU no tiene acceso a Rusia ni al territorio ocupado, así que cuenta mejor un lado de la línea que el otro, y parte de la distancia entre el 96% y el 4% viene de ahí. Para medir cuánto, se puede hacer la cuenta más desfavorable para Ucrania, que es dar por buenas todas las cifras rusas. En agosto de 2026 la ONU verificó 368 civiles muertos en territorio controlado por Ucrania, y las autoridades rusas hablan de unos 200 muertos entre Rusia y las zonas ocupadas. Aun aceptando todo lo que dice Moscú, ese mes los ataques rusos mataron casi el doble de civiles que los ucranianos. La diferencia sigue siendo grande, pero es mucho menor de lo que sugiere el 96%, y las víctimas que denuncia Rusia en su territorio también han aumentado en 2026.
Conclusión.
La guerra de Ucrania no tiene base jurídica. Las fronteras que Rusia discute son las que Rusia firmó en 1991, en 1997 y en 2003, las que su propio presidente ratificó, y las que protege la misma Carta que protege a cualquier otro país. Los argumentos rusos pueden discutirse como historia o como política, pero ninguno convierte en legal quedarse con territorio ajeno por la fuerza, y aceptarlo para Rusia es aceptarlo para todos.
Sobre los blancos, los datos no permiten afirmar que Ucrania solo alcanza a civiles por error. Hay casos documentados por la ONU, por su Comisión de Investigación y por Human Rights Watch, y hay que exigir que se investiguen y se castiguen, igual que los rusos. Lo que los datos sí permiten afirmar es que la diferencia de escala y de patrón es enorme. Incluso aceptando todas las cifras rusas del último mes con datos completos, los ataques rusos mataron casi el doble de civiles. Rusia ataca la red eléctrica de un país entero en invierno, persigue a civiles con drones en lo que la ONU califica de crimen de lesa humanidad, y la ONU ha verificado 129 ejecuciones de prisioneros a manos rusas frente a 31 a manos ucranianas.
A finales de septiembre de 2026, tras la visita sin avances de los enviados estadounidenses a Moscú y a Kiev, la guerra sigue. Si algún día se firma un alto el fuego sobre la línea del frente, será un acuerdo para dejar de matar, y eso ya es mucho. Lo que no hará es convertir en legal lo que se tomó por la fuerza.
Referencias:
- Comité Ejecutivo de la CEI. Acuerdo por el que se crea la Comunidad de Estados Independientes, Minsk, 8 de diciembre de 1991.
- Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 3007, n.º 52241. Memorando sobre garantías de seguridad en relación con la adhesión de Ucrania al Tratado sobre la No Proliferación, Budapest, 5 de diciembre de 1994.
- Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 3007, n.º 52240. Tratado de Amistad, Cooperación y Asociación entre Ucrania y la Federación de Rusia, Kiev, 31 de mayo de 1997.
- Verjovna Rada de Ucrania. Tratado entre Ucrania y la Federación de Rusia sobre la frontera estatal ucraniano-rusa, Kiev, 28 de enero de 2003.
- Presidencia de Rusia. President Vladimir Putin signed a law ratifying the Treaty between Russia and Ukraine on the Russian-Ukrainian State Border. 23 de abril de 2004.
- Naciones Unidas. Carta de las Naciones Unidas, artículos 2.4 y 51.
- Asamblea General de la ONU. Comunicados GA/11493, 27 de marzo de 2014, GA/12407, 2 de marzo de 2022, GA/12458, 12 de octubre de 2022, GA/12492, 23 de febrero de 2023, GA/12675, 24 de febrero de 2025 y GA/12752, 24 de febrero de 2026.
- PassBlue (fuente secundaria). UN Resolution on Ukraine Approved Despite US Push to Water It Down. 24 de febrero de 2026.
- Biblioteca de la Cámara de los Comunes del Reino Unido (fuente secundaria). Ukraine crisis. Recognition, military action, and international law.
- Lieber Institute, West Point (fuente secundaria). Russia’s «Special Military Operation» and the (Claimed) Right of Self-Defense.
- Corte Internacional de Justicia. Allegations of Genocide (Ukraine v. Russian Federation), Order of 16 March 2022.
- Corte Internacional de Justicia. Press release 2025/5, 31 de enero de 2025, con el resumen de la sentencia de 2 de febrero de 2024.
- Corte Internacional de Justicia. Press release 2025/55, 8 de diciembre de 2025, sobre la admisión de las contrademandas rusas.
- EJIL:Talk! (fuente secundaria). Another Setback for Ukraine? The ICJ Declares Russia’s Counter-Claims Admissible.
- Opinio Juris (fuente secundaria). ICJ’s Recent Order in Ukraine v Russia Genocide Case. 24 de febrero de 2026.
- Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. Conflict-related civilian casualties in Ukraine. 27 de enero de 2022.
- Misión de Observación de los Derechos Humanos de la ONU en Ucrania. Protection of Civilians in Armed Conflict, August 2026 y versión completa en PDF.
- Misión de Observación de los Derechos Humanos de la ONU en Ucrania. Protection of Civilians in Armed Conflict, January 2026.
- Misión de Observación de los Derechos Humanos de la ONU en Ucrania. Four years since the full-scale invasion of Ukraine. Key facts and findings. Febrero de 2026.
- Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. Attacks against Ukraine’s Energy Infrastructure and Update on the human rights situation in Ukraine, 1 December 2025 to 31 May 2026 y nota de prensa de 29 de junio de 2026.
- Naciones Unidas en Ucrania. Nota de prensa de 13 de agosto de 2026 sobre las víctimas civiles de julio de 2026.
- Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre Ucrania. Notas de prensa de 28 de mayo de 2025, octubre de 2025 y 16 de marzo de 2023.
- Corte Penal Internacional. Situación en Ucrania y órdenes de detención contra Serguéi Shoigú y Valeri Guerásimov, 24 de junio de 2024.
- Human Rights Watch. Ukraine. Banned Landmines Harm Civilians. 31 de enero de 2023, Ukraine Promises Inquiry into Banned Landmine Use. 30 de junio de 2023 y Ukraine. Civilian Deaths from Cluster Munitions. 6 de julio de 2023.
- CNN y CBC (fuentes secundarias) sobre la valoración de la ONU del ataque contra el hospital Ojmatdit. CNN, 10 de julio de 2024 y CBC, 10 de julio de 2024.
- Al Jazeera y The Kyiv Independent (fuentes secundarias) sobre las conversaciones de septiembre de 2026. Al Jazeera, 5 de septiembre de 2026 y The Kyiv Independent, 4 de septiembre de 2026.
