Por qué Ceuta y Melilla son españolas. El argumento histórico no lo gana España por haber llegado antes, sino porque el origen de un territorio no decide lo que ese territorio es hoy.

Entre el jueves 30 y el viernes 31 de julio de 2026 entraron en Ceuta entre 50.000 y 60.000 personas en menos de 24 horas. Es el equivalente al 70% de la población de la ciudad. El balance de fallecidos varía según quién lo dé y a día de hoy no hay recuento oficial cerrado. La Delegación del Gobierno hablaba de 72 el domingo, el Gobierno de la Ciudad Autónoma elevó la cifra a 88 el lunes, y la Asociación Unificada de Guardias Civiles la sitúa en torno al centenar. En la mayoría de los casos la causa fue el ahogamiento.

El detonante no parece haber sido lo que muchos dieron por hecho las primeras horas. El 8 de julio de 2026 el Tribunal Supremo dictó que las devoluciones en caliente no se aplican a quienes llegan por vía marítima, que deben pasar por un procedimiento formal. En redes sociales ese matiz jurídico se convirtió en otra cosa, en que España había abierto la frontera y en que a quien entrara a nado ya no se le podía devolver. El bulo corrió por WhatsApp, TikTok, Instagram y Telegram, circularon mapas con la ruta a nado desde Castillejos y en Facebook llegaron a venderse trajes de neopreno para el cruce. El Gobierno español y las autoridades marroquíes coinciden en atribuir la difusión a redes de tráfico de personas, aunque ninguno de los dos ha identificado públicamente a esas redes ni ha presentado pruebas. Rabat niega cualquier responsabilidad. El Gobierno movilizó a las Fuerzas Armadas en apoyo de la Guardia Civil y la mayoría de quienes cruzaron regresó voluntariamente a Marruecos en 48 horas. Todo eso es información de dominio público, ya que no podemos basarnos en información que no esté contrastada o a la que no tengamos acceso.

Aun así, y aunque esta vez no haya indicios de una operación de Estado, el debate de siempre volvió a las pocas horas. Un diario marroquí que se considera oficioso de Palacio publicaba en cuatro idiomas que quizá había llegado el momento de hablar «de cosas más importantes», en referencia al futuro de las dos ciudades. Y el representante permanente de Israel ante Naciones Unidas se sumaba en redes preguntando por qué España mantiene «enclaves coloniales». Aún sin tener toda la información sobre las causas de lo sucedido y ya estaba el asunto encima de la mesa.

Y vuelve mal planteado, como siempre. Se discute quién estaba antes, como si la Historia fuera un registro de la propiedad. No lo es, y no lo es para nadie. Ese es justamente el argumento que gana España, como ahora veremos. Si lo de la propiedad histórica se aplicara a todo el mundo, no existirían siquiera los países que existen actualmente.

 

 

Lo que había antes del año 700.

Suele decirse que la dinastía idrisí, que llega en el año 788, es el origen del Estado marroquí. Aceptémoslo como hipótesis de trabajo. El problema es que si el origen otorgara títulos, esa fecha llega tardísimo, y quien la invoque tiene que explicar por qué tiene que ser esa fecha y no otras anteriores.

Porque antes hubo muchas cosas y todas ellas dejaron ciudades en pie. Los fenicios fundaron Lixus, Tingis, Sala y Rusaddir ─que es Melilla─ a partir del siglo VIII antes de Cristo, y Cartago heredó luego esa red de puertos. Después vino el reino de Mauritania, amazigh, con moneda propia, con embajadas y con tratados, gobernado por Bocco, por Juba II y por Ptolomeo, y con capital en Volubilis. Roma lo anexionó en el año 40, tras asesinar Calígula a su último rey, y lo convirtió en la provincia de Mauritania Tingitana, con capital en Tánger. En el siglo V llegaron los vándalos. En el 534 Justiniano recuperó Septem ─Ceuta─ para el Imperio bizantino, que la mantuvo hasta la conquista musulmana del año 709.

Cuando Idris I llegó al Magreb en el 788, huyendo de los abasíes tras la derrota de Fajj, Lixus llevaba en pie alrededor de 1.500 años. Y lo acogieron los awraba, que eran amazighes y llevaban allí muchísimo más tiempo que él.

Pues bien, si de verdad valiera el criterio de «nosotros estábamos antes», el Líbano tendría algo que decir sobre Melilla y sobre Tánger por vía fenicia, Túnez lo tendría por vía cartaginesa, Italia por vía romana sobre Volubilis y sobre media Mauritania Tingitana, y Grecia o Turquía por vía bizantina sobre Ceuta, que fue suya durante casi dos siglos. Todos ellos estaban allí antes del año 700, y por bastante margen.

Y ahora la parte importante, que es la que casi nadie dice. Nada de eso es cierto. El Líbano no es Fenicia, Túnez no es Cartago, Italia no es Roma ─Italia como Estado nace en 1861─ y Turquía no es Bizancio. No hay sucesión jurídica de ninguna clase entre aquellos pueblos y estos Estados, solo un parentesco cultural que no genera derechos sobre nada. Y si se quisiera buscar de verdad a los primeros, tampoco saldría ningún Estado moderno, sino las poblaciones amazighes, que llevan allí desde antes que todos los demás y no le reclaman nada a nadie.

Esa es la cuestión. El argumento de la antigüedad, llevado hasta el final, no le da la razón a nadie. Se deshace solo. Y como se deshace en un sentido, se deshace también en el otro, que es por lo que hay que dejar de usarlo en las dos direcciones.

 

El origen no decide el presente.

Un territorio no es una cosa con dueño eterno. Es un sedimento. Lo que fue en una fecha concreta no determina lo que es hoy, porque entre aquella fecha y hoy hay siglos que también cuentan y que también producen realidad. Esto no es una conveniencia española. Es como funciona el derecho internacional desde hace un siglo, y sin ello no queda en pie ni una sola frontera del planeta.

El arbitraje de la Isla de Palmas, que resolvió Max Huber en 1928, dejó fijada la regla que hoy aplica cualquier tribunal. Un hecho jurídico se valora conforme al derecho de su época y no conforme al derecho que rige cuando alguien decide discutirlo. La toma de Ceuta en 1415 y la de Melilla en 1497 se juzgan con el derecho de 1415 y de 1497, no con la doctrina anticolonial de 1960. Huber añadió una segunda mitad que casi nadie cita y que es la que obliga a currárselo, porque el título inicial no basta y hay que mantener el ejercicio de la soberanía al ritmo al que evoluciona el derecho. España lo ha hecho, y ahora veremos cómo.

Antes, la prueba que cualquier principio tiene que pasar, que es aplicarlo a todo el mundo por igual y ver qué sale. Si el origen otorgara títulos, las fronteras de Marruecos con Argelia se caerían, porque las trazó Francia ─Lalla Maghnia en 1845, la línea Varnier, y el tratado de 1972 que Marruecos no ratificó hasta 1992─. Se reabriría el Magreb entero y el Sahel, porque todos esos límites los dibujó el mismo lápiz europeo. Rabat podría reclamar Granada por vía almohade, y Grecia podría reclamar Anatolia, que fue griega mil años antes que turca. México recuperaría Texas y California. América entera sería ilegítima. Y, sobre todo, sería el mismo argumento que empleó Rusia con Crimea y con Ucrania, ese que 141 Estados rechazaron en la Asamblea General el 2 de marzo de 2022.

Un principio que aplicado con coherencia disuelve el mapa del mundo y le da la razón a la anexión más condenada de este siglo no es un principio. Es una herramienta retórica de uso selectivo.

África lo entendió perfectamente y muy pronto. La resolución de El Cairo de 1964 comprometió a los Estados africanos a respetar las fronteras que tenían al independizarse, precisamente porque el continente entero es producto de trazados coloniales y el criterio histórico habría encendido una guerra detrás de otra. La Corte Internacional de Justicia elevó ese criterio a principio general en el asunto fronterizo entre Burkina Faso y Malí, en 1986. Y hay un dato que casi nunca sale en el debate, y es que Marruecos fue uno de los poquísimos Estados que no suscribió aquel consenso, junto con Somalia, en coherencia con la doctrina del Gran Marruecos. Como aspiración política es legítima. Pero deja a Rabat argumentando desde fuera del marco que el resto del continente aceptó para protegerse a sí mismo.

Esto obliga también a España, y conviene decirlo alto. Si sostenemos que la antigüedad no otorga títulos, no podemos decir nunca más «llegamos antes». Sería la misma falacia con otra bandera, y quien la use se queda sin el resto del artículo. La posición coherente es otra, y es que España no defiende Ceuta y Melilla por lo que fueron, sino por lo que son y por cómo llegaron a serlo.

 

Lo que sí decide el presente.

Y aquí es donde España gana, con cuatro cosas.

La primera son los tratados, que es el argumento más fuerte y el peor aprovechado. La reclamación marroquí se apoya en que el Marruecos de hoy continúa al Imperio jerifiano de ayer. Pues bien, ese imperio jerifiano reconoció por tratado la soberanía española. En el Tratado de Marrakech de 1767 con Carlos III, en el Convenio de Mequinez de 1799 que fija límites y garantías de las dos plazas, en el convenio de 1859 que delimita el término de Melilla ─el famoso alcance del cañón desde Victoria Grande, unos doce kilómetros cuadrados─, en el Tratado de Wad-Ras de abril de 1860 que amplía el territorio de Ceuta en plena soberanía tras la Guerra de África, y en el Convenio de Marrakech de 1894. De ahí sale un dilema sin salida limpia. O el Marruecos actual sucede al jerifiano y hereda esos tratados, o no lo sucede y no tiene título histórico ninguno. No se puede coger la herencia y repudiar las deudas.

La segunda es el Protectorado, y es la que zanja el asunto. El Tratado de Fez de marzo de 1912 estableció el protectorado francés y el convenio franco-español de noviembre delimitó la zona española. Ceuta y Melilla quedaron expresamente fuera, porque eran territorio nacional español y no territorio protegido. Por eso la capital del Protectorado fue Tetuán y no Ceuta, aunque Ceuta fuera mayor y estuviera mejor comunicada. Un protectorado no transfiere la soberanía, la suspende. Cuando terminó en 1956, el sultán recuperó lo que tenía en 1912. Y en 1912 no tenía estas dos ciudades.

La tercera es la coherencia, que es difícil de rebatir porque son hechos. España devolvió Tarfaya en 1958, devolvió Ifni en 1969 y abandonó el Sáhara en 1975. Tres territorios devueltos y dos retenidos. Si esto fuera puro oportunismo no se habría devuelto nada. Se devolvió lo que era protectorado o colonia y se retuvo lo que era territorio nacional.

La cuarta es que Ceuta y Melilla no han figurado nunca en la lista de Territorios No Autónomos de Naciones Unidas, pese a que Marruecos lleva desde los años 1960 intentándolo. Son 17 territorios y ninguno de los dos está ahí. Gibraltar sí figura, desde 1946, cuando el Reino Unido lo registró como tal en aplicación del artículo 73 e de la Carta. Esa asimetría no la decide España, la decide la ONU, y por eso la comparación con Gibraltar no funciona. Hay que tener en cuenta además que, según recuerda el propio Ministerio de Asuntos Exteriores, en el caso gibraltareño Naciones Unidas ha señalado que el principio aplicable no es el de libre determinación sino el de integridad territorial. España no aplica dos varas de medir, aplica la que le dan.

A todo esto se suma lo que los tribunales internacionales consideran decisivo cuando no hay un título mejor, que es la posesión efectiva, pacífica y continuada [effectivités]. España lleva 529 años en Melilla y 611 en Ceuta ejerciendo jurisdicción civil, fiscal, penal y militar sin interrupción. Seis siglos no son un paréntesis a corregir. Son el proceso que produjo estas ciudades tal como existen hoy, con su población, su lengua, su derecho, su economía y su mezcla católica, musulmana, hebrea e hindú.

 

Los que viven allí no quieren ser marroquíes.

Este argumento suele quedarse en un tópico y merece números.

Ceuta tiene unos 83.600 habitantes y Melilla unos 86.000. La Constitución de 1978 ya las contemplaba por su nombre en la disposición transitoria quinta, que les abría la puerta a constituirse en régimen de autogobierno. Lo hicieron con las leyes orgánicas 1/1995 y 2/1995, de 13 de marzo, con Asamblea propia elegida por sufragio universal, presidente, consejo de gobierno, competencias transferidas y representación en el Congreso y en el Senado.

Y aquí viene el dato que casi nunca se menciona y que es el que más pesa. Cerca de la mitad del censo de Melilla es musulmán, y en Ceuta la proporción es similar, en buena parte de origen rifeño o yebalí. Todos son ciudadanos españoles de pleno derecho, con sufragio universal y sin ningún estatuto jurídico diferenciado.

En más de 40 años de democracia, ninguna fuerza que proponga la integración en Marruecos ha obtenido representación en ninguna de las dos ciudades. Ni una. Los partidos con electorado mayoritariamente musulmán que sí obtienen escaños son formaciones autonomistas o de izquierda española, y uno de sus líderes llegó a presidir Melilla. Un melillense musulmán presidiendo una ciudad autónoma española es exactamente lo contrario de lo que cabría esperar en una colonia.

Esto le da la vuelta al argumento anticolonial. Entregar a 170.000 personas a un Estado del que no quieren formar parte sería, en la lógica de la autodeterminación, justo el acto colonial que se dice combatir. Argelia se cita mucho como precedente, pero la comparación no se sostiene. En Argelia había 9 millones de argelinos musulmanes sometidos al Código del Indigenado, sin ciudadanía plena, bajo una minoría de colonos con derechos privilegiados. En Ceuta y Melilla no hay estatuto diferenciado de ningún tipo y media ciudad es musulmana y vota en elecciones españolas.

Sí, también es cierto que en Ceuta y Melilla no se ha celebrado nunca un referéndum sobre esta cuestión. La prueba de la voluntad de sus habitantes es electoral e indirecta, aunque sea constante durante décadas. Quien quiera discutirlo tiene ahí su hueco, y es legítimo que lo haga.

 

Y a Marruecos tampoco le conviene tenerlas.

Esto es lo que menos se dice y quizá sea lo más interesante.

Ceuta y Melilla son la única frontera terrestre entre África y la Unión Europea. Esa es su verdadera función geopolítica y por eso Marruecos las tiene donde las tiene. Mientras existan como españolas, Rabat es el portero. Puede abrir y puede cerrar. Lo hizo en mayo de 2021, cuando entraron cerca de 9.000 personas a pie o a nado después de que la policía marroquí relajara temporalmente los controles, mientras discutía con España la hospitalización del líder del Frente Polisario. Aquello sí está documentado y condenado. El Parlamento Europeo lo censuró formalmente el 10 de junio de 2021, con 397 votos a favor, 85 en contra y 196 abstenciones, rechazando el uso del control de fronteras y de los menores no acompañados como presión política contra un Estado miembro. El CIDOB lo llamó por su nombre, instrumentalización de la migración [weaponisation of migration].

Lo de esta semana, en cambio, no encaja en ese molde, y es importante no forzarlo para que encaje. No hay crisis diplomática abierta entre Madrid y Rabat, el detonante documentado es un bulo viral sobre una sentencia española, y Marruecos ha negado responsabilidad y ha señalado a las mafias igual que ha hecho el Gobierno español. Puede que aparezcan pruebas de otra cosa más adelante, pero hoy no las hay. Y esa diferencia, lejos de debilitar el argumento, lo refuerza, porque enseña que esa frontera puede reventar sin que Rabat lo quiera. Un portero que pierde el control de su puerta tiene un problema, no una palanca.

Porque ese portero cobra por serlo. Cobra en fondos europeos para gestión de fronteras, que se cuentan por cientos de millones de euros a lo largo de la última década. Cobra en acuerdos pesqueros, en cuotas agrícolas y en trato preferente comercial. Si Marruecos absorbiera las dos ciudades, la frontera exterior europea se iría al Estrecho y Marruecos dejaría de ser el portero para pasar a ser simplemente el país de enfrente. Se gastaría la llave para siempre a cambio de dos ciudades. En términos de poder, es un mal negocio.

Hay además una cuestión económica muy concreta. Las provincias marroquíes vecinas han vivido durante décadas de esas dos ciudades. El llamado comercio atípico ─el porteo─ sostenía a decenas de miles de familias en Nador y en la zona de Tetuán y Castillejos, y cuando Marruecos lo cerró entre 2019 y 2020 tuvo que lanzar planes de desarrollo de urgencia para tapar el agujero. A eso hay que sumarle los miles de trabajadores marroquíes que cruzaban a diario a trabajar en el servicio doméstico, la construcción y el comercio. Las cifras de todo esto bailan mucho según la fuente y ninguna es oficial, así que hay que cogerlas con pinzas, pero el orden de magnitud no lo discute nadie. Y algo dice el hecho de que, tras el acercamiento de 2022, lo que Marruecos abriera fueran aduanas comerciales con las dos ciudades. Aduanas se abren con un vecino, no con un territorio que se pretende absorber.

Y queda lo más práctico de todo. Esas 170.000 personas tienen pasaporte español y por tanto europeo. En un hipotético traspaso no se quedarían. Se irían a la Península, como se fueron casi un millón de pieds-noirs de Argelia en 1962. Marruecos heredaría dos ciudades vacías, con infraestructuras y servicios públicos de nivel europeo que habría que sostener con presupuesto marroquí, más la factura de reconstruir un tejido económico que se acaba de marchar en barco. No es un premio. Es una carga.

Pero ojo, todo esto es un argumento de interés, no de derecho. Los Estados hacen cosas contra su propio interés continuamente, sobre todo cuando lo que está en juego es simbólico. Y hay una hipótesis razonable, aunque no probada, de que a Marruecos le sea más útil la reclamación abierta que la reclamación resuelta, porque una reivindicación pendiente cohesiona hacia dentro y da palanca hacia fuera, mientras que una reivindicación satisfecha se acaba. Si eso fuera así, Rabat no querría las ciudades. Querría reclamarlas eternamente. Pero es una hipótesis y como tal la presentamos.

Queda una cosa por decir, y es sobre la inmigración. Se repite mucho que entregar Ceuta y Melilla resolvería el problema, y no. Los flujos responden a diferencias de renta, de empleo y de expectativas, no al trazado de una línea, así que mover la línea al sur movería la valla y no la diferencia. Ni siquiera son la vía principal de entrada irregular a España, porque la mayor parte llega por mar o se queda tras entrar legalmente con visado. Pero lo importante es que la soberanía no depende de eso. Si mañana desapareciera la presión migratoria, Ceuta y Melilla seguirían siendo españolas exactamente por las mismas razones. Son dos conversaciones distintas y hay que tenerlas por separado, porque mezclarlas le regala al contrario la réplica más cómoda que existe, que es «entonces no defendéis un derecho, defendéis una valla».

Y que quede claro cómo se defiende esto, porque en los próximos meses va a hacer falta. No se defiende diciendo que llegamos antes. Se defiende diciendo que hay un título válido en su época, consolidado por tratados que firmó el propio Marruecos, mantenido sin interrupción durante más de medio milenio, excluido expresamente del régimen colonial en 1912, jamás inscrito como colonia por Naciones Unidas, recogido en la Constitución y refrendado cada cuatro años por el voto de 170.000 ciudadanos españoles, la mitad de ellos musulmanes, que no han votado nunca a nadie que proponga lo contrario.

Y lo último, que no es lo menos importante. Entre 70 y 100 personas, si no más, murieron ahogadas en el Tarajal por creerse un mensaje falso en un teléfono móvil. Buena parte eran chavales de 16 y 17 años que contaron después que se habían enterado por las redes y que habían pasado 5 horas nadando. Sea quien sea el que montó el bulo, y esperemos que se sepa, jugó con gente que no era una pieza de nada. Con esa frontera lleva jugando mucho tiempo demasiada gente. Y ceder ante el método, venga de donde venga, no lo desactivaría. Lo validaría.

 

Fuentes:

• Naciones Unidas y la descolonización, ficha de Gibraltar y relación de los diecisiete Territorios No Autónomos.
• Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, posición oficial sobre Gibraltar.
• Resolución del Parlamento Europeo de 10 de junio de 2021 sobre la violación de la Convención sobre los Derechos del Niño y el uso de menores por las autoridades marroquíes en la crisis migratoria de Ceuta.
• Estatutos de Autonomía, Ley Orgánica 1/1995 de Ceuta y Ley Orgánica 2/1995 de Melilla, ambas de 13 de marzo.
• UNESCO, yacimiento arqueológico de Volubilis, capital del reino de Mauritania y después ciudad romana.
• Arbitraje de la Isla de Palmas (Países Bajos c. Estados Unidos), árbitro Max Huber, 4 de abril de 1928.
• Corte Internacional de Justicia, Controversia fronteriza (Burkina Faso / República de Malí), sentencia de 22 de diciembre de 1986.
• Organización para la Unidad Africana, resolución AHG/Res.16(I), El Cairo, julio de 1964.
• Asamblea General de Naciones Unidas, resolución ES-11/1, de 2 de marzo de 2022.
• Tratado de Lisboa, 1668.
• Tratado de Marrakech, 1767.
• Convenio de Mequinez, 1799.
• Convenio de delimitación de Melilla, 1859.
• Tratado de Wad-Ras, 1860.
• Convenio de Marrakech, 1894.
• Tratado de Fez, 1912, y convenio franco-español de noviembre de 1912.
• Acuerdos de Cintra, 1958.
• Tratado de Fez de retrocesión de Ifni, 1969.
• Acuerdos de Madrid, 1975.
• Para la crisis de los días 30 y 31 de julio de 2026, cobertura de Infobae, Cuatro, EFE y Europa Press entre el 30 de julio y el 4 de agosto de 2026. Las cifras de entradas y de fallecidos son provisionales, no hay recuento oficial cerrado y divergen entre la Delegación del Gobierno, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta y las asociaciones profesionales de la Guardia Civil.