El 9 de septiembre de 2026 el Gobierno publicó en una página de La Moncloa los 40 documentos que la Administración manejó sobre Ceuta entre el 1 y el 31 de julio de 2026. Desde entonces todo el mundo habla del «informe del CNI». Aquí vamos a comparar entre sí los 40 documentos ─con la ayuda de Claudio─ para intentar averiguar la respuesta a una pregunta que no es si alguien avisó, sino si lo de lo que se avisó permitía decidir algo.
Hay que recordar de dónde viene todo esto. El 30 y el 31 de julio de 2026 entraron en Ceuta unas 72.000 personas según la estimación oficial del Ministerio del Interior, en una ciudad de 83.517 habitantes. En este blog se publicó un primer análisis con las cifras aún calientes y, unos días después, otro sobre por qué Ceuta y Melilla son españolas. Entonces no había documentos oficiales disponibles y ahora hay 40 documentos disponibles para su análisis.
De esos 40 documentos, 22 son anteriores al inicio de la entrada, de los cuales 18 son informes y 4 son transcripciones de conversaciones de WhatsApp del CNI. Los 18 restantes se emitieron ya con la avalancha en marcha. Por emisor, la Guardia Civil aporta 11 documentos previos a través del Centro de Coordinación de Vigilancia Marítima de Costas y Fronteras (CECORVIGMAR), el Centro de Coordinación del Estrecho y el Estado Mayor, la Policía Nacional aporta 5 a través del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF), el CNI aporta 2 notas más las 4 conversaciones, y el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS) no aporta ninguno antes de los hechos. Todo ello considerando únicamente los 40 documentos hechos públicos por el Gobierno, sin tener en cuenta todos aquellos que puedan existir realmente.
Elaboración propia a partir del repositorio publicado por La Moncloa el 9 de septiembre de 2026.
La nota del CNI, palabra por palabra.
La famosa nota urgente C/10399 tiene 2 páginas y se remitió el 29 de julio a las 18:26. El asunto anuncia el problema desde la primera línea, porque habla de «posibles intentos de entrada» durante la semana de la Fiesta del Trono. El cuerpo dice que se ha tenido conocimiento de la planificación de «varias» convocatorias, que se han identificado «algunos» perfiles especialmente activos y que un grupo de WhatsApp «estaría preparando» un intento de entrada. Condicional, indefinidos y ni una sola probabilidad.
Nota urgente C/10399 del CNI, 29 de julio de 2026. Documento desclasificado publicado por La Moncloa.
Las únicas cifras del documento son de miembros de grupos. Un grupo de Facebook llamado Ceuta Fnideq con más de 160.000 miembros y otro llamado Hraga Ceuta con más de 22.000. Sumados dan los 182.000 que la prensa ha redondeado en 180.000 «seguidores». También reproduce una publicación que anima a cruzar durante la fiesta porque las autoridades estarán distraídas con los desfiles, y otra que dice que toda la semana es buena para pasar. Hay además un error tipográfico en el propio texto, porque fija la convocatoria para el «jueves 30.06.2026» cuando quería decir 30.07.2026.
Lo que no hay en la nota es lo que sirve para decidir. No hay una estimación de cuántas personas podrían intentarlo, ni una horquilla, ni una comparación con episodios anteriores, ni una valoración de impacto sobre la ciudad, ni un cálculo de medios disponibles, ni una sola medida propuesta. Termina agradeciendo la colaboración y anunciando que se trasladarán nuevos datos si los hubiera.
Para ser justos hay que tener en cuenta dos matices antes de seguir. El primero es que la nota sí concretó día, hora aproximada y dos modalidades, de modo que no fue un «puede llover» sin más, y en eso fue más precisa de lo que se le está reconociendo. Lo que faltó fue el cuánto y el cómo de probable. El segundo es que la nota iba dirigida a la Dirección General de Vigilancia sobre el Territorio y a la Dirección General de Estudios y Documentación marroquíes, es decir, era un producto de enlace con el vecino y no un informe para decisores españoles. Exigirle un análisis de riesgo completo es juzgarla por una función que no tenía. Ahora bien, esa precisión abre una pregunta peor, y a ella volveré.
Las notas que sí hicieron el trabajo.
3 horas después de la nota del CNI, a las 21:09 de ese mismo 29 de julio de 2026, el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras de la Policía Nacional envió a los puestos fronterizos de Ceuta y Melilla la nota informativa TIFA-3136, y ahí sí aparece parte de lo que se le pide a un producto de inteligencia. Una tabla con 3 escenarios, cada uno con su probabilidad y su nivel de riesgo asociado.
Nota informativa TIFA-3136 del CENIF, 29 de julio de 2026. Documento desclasificado publicado por La Moncloa.
Entradas a nado, probabilidad alta y riesgo bajo-medio. Entradas a nado más salto a la valla, probabilidad media y riesgo medio-alto. Las dos cosas de forma coordinada, probabilidad media-baja y riesgo extremo, marcado en rojo en el original. El mismo centro había firmado ese día una actualización interna de su análisis con conclusiones clasificadas por nivel, riesgo muy alto para los cruces a nado, sin indicios concluyentes para la vía terrestre y monitorización reforzada como valoración general. Y citaba el precedente del 26 de julio de 2018, cuando más de 600 personas saltaron la valla de Ceuta días antes del Día del Trono.
Esto me parece relevante, porque el listón que se le reprocha al CNI no es un ideal académico. Otro servicio del Estado lo cumplió en parte el mismo día, con la misma información de partida y 3 horas más tarde. Dicho lo cual, tampoco el CENIF acertó. Ninguno de sus 3 escenarios es lo que ocurrió, porque lo que pasó no fue un salto de valla ni una travesía a nado desde lejos, sino el paso masivo bordeando y atravesando a pie el espigón del Tarajal, que se adentra apenas unos metros en el agua y que ya fue el punto de entrada en mayo de 2021. El escenario de la puerta abierta no estaba en la tabla. Y hay algo más incómodo todavía, porque el propio CENIF escribió que la tendencia detectada en fuentes abiertas era aún incipiente y no alcanzaba relevancia estadística.
Pero lo que más me ha llamado la atención de todo el expediente está en la inteligencia militar. El informe del CIFAS del 30 de julio de 2026 lleva impresa, en la propia página, una escala de probabilidad que traduce cada palabra a un porcentaje. Casi seguro es más del 90%. Muy probable es entre el 60% y el 90%. Probable es entre el 40% y el 60%. Poco probable es entre el 10% y el 40%. Muy poco probable es menos del 10%.
Escala de probabilidad del INTREP del CIFAS, 30 de julio de 2026. Documento desclasificado publicado por La Moncloa.
España tiene un vocabulario de probabilidad tasado, escrito, en uso y aplicado por sus Fuerzas Armadas, igual que lo tienen los servicios estadounidenses y la OTAN. No hay que inventar nada ni copiar nada. Existe, funciona y se imprime en el propio informe para que quien lo lee sepa qué significa cada palabra.
Ahora bien, léase dónde se aplica. El CIFAS valora como muy probable que las autoridades marroquíes no estuvieran favoreciendo activamente la oleada aunque hubieran actuado de forma negligente y pasiva, como casi seguro que el deterioro de la situación exigiría activar a las Fuerzas Armadas a muy corto plazo, y como probable que se generaran incidentes de orden público. Es decir, la escala se aplicó a la actitud del vecino y a las consecuencias, y no a la única variable que importaba para decidir, que era cuánta gente iba a cruzar. Y ese informe es del día 30, con la avalancha ya en marcha.
Lo mismo ocurre con el SIGINTREP 01/2026 del Regimiento de Guerra Electrónica nº 32, que valora como muy probable que ese día se intente una entrada masiva aprovechando la festividad. Aplicando la escala del propio CIFAS, eso significa entre un 60% y un 90% de probabilidad de que se intente algo. No de que entren 50.000 personas. Y se transmitió a las 12:06 hora peninsular del día 30, cuando la gente ya estaba pasando.
SIGINTREP 01/2026, 30 de julio de 2026. Documento desclasificado publicado por La Moncloa.
Qué habría sido un aviso de verdad.
Aquí está, a mi juicio, el fondo del asunto.
La palabra «masiva» no significa nada operativamente. ¿Es masiva una entrada de 1.000 personas? ¿De 5.000? ¿De 20.000? ¿De 70.000? Las 4 cosas caben en la misma palabra y cada una exige una respuesta completamente distinta. 1.000 personas se gestionan con la Comandancia de Ceuta y un refuerzo de un par de pelotones. 5.000 desbordan el sistema de acogida pero se contienen en el paso. 20.000 obligan a sacar al Ejército. 70.000 son el 86% del censo de la ciudad entrando en 48 horas, y eso no se gestiona, se sufre. Cuando un informe dice que es muy probable una entrada masiva y no dice cuánto, el que lo lee tiene que elegir él mismo un número, y todo el mundo elige el número que conoce, que es el del año anterior.
Es la diferencia entre decir que mañana puede llover mucho y decir que hay un 80% de probabilidad de precipitaciones de 10mm/m2 acumulados en 1 hora. Lo primero no obliga a nadie a hacer nada. Lo segundo cierra un paso subterráneo, suspende un evento y moviliza una unidad. La palabra es la misma, lluvia, y la decisión que provoca no tiene nada que ver.
Un aviso útil el 29 de julio de 2026 habría dicho algo parecido a esto. Probabilidad del 80% de una entrada por el espigón del Tarajal el día 30 entre las 11:00 y las 20:00, con una entidad estimada de entre 40.000 y 70.000 personas, modalidad de paso a pie bordeando la escollera, procedentes de una bolsa concentrada en Fnideq y localidades próximas, con capacidad de contención marroquí reducida por el despliegue de la Fiesta del Trono en Castillejos y Tetuán. Frente a un texto así nadie se queda mirando. Se cierra el paso fronterizo, se adelanta la barrera flotante que se acabó instalando el 1 de agosto de 2026, se preposicionan unidades desde la península la noche del 29, se llama a Rabat a nivel ministerial y se activa al Ejército antes y no después.
La pregunta siguiente es de dónde habría salido ese número, y la respuesta es que de Facebook no. De fuentes humanas sobre el terreno, de confidentes, de observación directa de la bolsa de gente que se estaba formando, o del propio canal de enlace con los servicios marroquíes, con los que se supone que España mantiene un contacto estrecho precisamente para esto. Y resulta que esa concentración era observable. El análisis que el propio CNI hizo el día 30 describe que a las 21:00 del 29 de julio, víspera de la fiesta, la situación en Fnideq había alcanzado un punto crítico con una multitud esperando para lanzarse al agua. Eso lo escribió el CNI después. Nadie lo escribió antes, y estaba a 9Km de la frontera.
De los 40 documentos publicados, ninguno contiene una sola información procedente de fuente humana. Tampoco consta que Marruecos avisara por el canal de enlace, pese a que el CNI le había escrito esa misma tarde. Eso admite 2 lecturas y voy a poner las 2.
La primera es que ese tipo de material existe y no se ha desclasificado, porque las fuentes humanas son lo más protegido de cualquier servicio y publicar una nota que las comprometa no lo hace nadie. Es una posibilidad real y hay que decirla. La segunda es que sencillamente no había nada de eso, y esta segunda lectura tiene a su favor un argumento que viene del sitio más inesperado, porque es el propio Gobierno el que lo ha puesto por escrito. En su comunicado del 9 de septiembre de 2026, Moncloa afirma que el CNI no envió en ningún momento un aviso o alerta formal a su cadena de mando ni a ningún miembro del Ejecutivo por ninguna vía, y añade que un organismo que cree que al día siguiente va a producirse una entrada masiva no se limita a mandar un mensaje, sino que lo eleva. Estoy de acuerdo con esa frase, y funciona en los 2 sentidos, porque si alguien hubiera tenido una fuente diciendo 50.000 personas, eso se habría elevado.
Añado algo que refuerza esa lectura. Un fenómeno de esta envergadura, inédito, sin precedente de ningún tipo ni en España ni en Europa, y que multiplica por 6 o por 10 el episodio de 2021, no ocurre en el vacío. Concentrar a decenas de miles de personas en una localidad pequeña exige transporte, alojamiento improvisado y varios días de convergencia desde ciudades a cientos de kilómetros. Si alguien lo hubiera sabido con esa dimensión, la información habría circulado por los canales de inteligencia de los dos lados, porque una cosa así no se guarda. Que no haya rastro de ella en ninguna parte apunta, con bastante fuerza, a que nadie la tenía.
Y esa es la conclusión incómoda que ninguna de las 2 partes quiere firmar. El Gobierno no quiere decir que no lo vio venir porque suena a incompetencia. La oposición no quiere decirlo porque le estropea la tesis de que lo sabían y no hicieron nada. Los 2 prefieren discutir sobre si un WhatsApp es o no es una alerta formal. Pero la lectura que mejor encaja con los 40 documentos es que se esperaba una entrada masiva sin saber cuánto de masiva, que nadie puso un número porque nadie tenía un número, y que la escala de lo que ocurrió sorprendió a todo el mundo, a los servicios españoles, a los marroquíes y probablemente a los propios convocantes.
Cómo se analiza un riesgo cuando se hace bien.
Llegados aquí conviene salir del ruido y mirar cómo se hace esto donde se hace con método, porque si no parece que se esté pidiendo algo exótico y no lo es en absoluto.
La referencia más clara y más antigua es un informe que la Oficina de Fiscalización del Gobierno estadounidense presentó ante el Congreso en octubre de 2001, un mes después del 11-S. Define la gestión de riesgos como el proceso sistemático de considerar la probabilidad de que una amenaza dañe a un activo o a unas personas y de identificar acciones para reducir ese riesgo, y sostiene que un buen enfoque tiene 3 patas, que son la valoración de la amenaza, la valoración de la vulnerabilidad y la valoración de la criticidad. Las tres. No una.
La primera pata evalúa cada amenaza según la capacidad, la intención y la letalidad. La segunda identifica las debilidades que pueden ser explotadas y propone opciones para eliminarlas o mitigarlas. La tercera clasifica los activos según la importancia de su función, el número de personas en riesgo y el valor de la estructura, para saber qué hay que proteger primero. Y el documento añade una advertencia concreta, y es que valorar bien las amenazas evita tener que trabajar siempre con el peor escenario posible, porque los peores escenarios se apoyan en vulnerabilidades que son prácticamente ilimitadas y exigirían recursos extraordinarios.
Esto no es teoría exótica ni requiere una agencia de inteligencia detrás. Es el esquema que cualquier director de seguridad aplica a diario y que está explicado, con ese mismo enfoque de gestión de riesgos operacional, en el capítulo 3 del libro «Gestión y Dirección de la Seguridad: Principios Básicos». En este blog se publicó además un ejemplo de cómo se aplica a algo tan doméstico como decidir si compensa instalar cámaras en casa, poniendo número al valor de lo que se protege, al factor de exposición, a la probabilidad anual de que ocurra y al coste de la medida. Si a esa escala se exige cuantificar antes de decidir, resulta difícil defender que a escala de frontera nacional baste con decir que es posible una entrada masiva.
Aplico las 3 patas a Ceuta. La primera se hizo a medias, porque se valoró la intención de los convocantes y no se valoró nunca su capacidad, que es cuánta gente podía moverse de verdad. La segunda no se hizo, porque en ninguno de los 40 documentos hay un cálculo que ponga la amenaza detectada enfrente de los medios disponibles. Y la tercera tampoco, porque en ninguno aparece qué le pasa a una ciudad de 83.517 habitantes con 512 plazas de acogida y un solo hospital cuando entran decenas de miles de personas en 2 días.
La segunda pata se puede cuantificar a posteriori sin ninguna dificultad. El informe de refuerzos del Estado Mayor de la Guardia Civil del 31 de julio de 2026 cifra en 243 los guardias civiles acumulados a lo largo de todo el día 30, de los cuales 48 en el turno de noche, frente a una estimación de 27.550 llegadas ese mismo día. 1 por cada 113.
Elaboración propia a partir del informe del Estado Mayor de la Guardia Civil de 31 de julio de 2026.
Y ahora viene lo importante de aquel informe de 2001, que es el argumento que deja sin salida a la defensa que se está usando estos días. Dice que nunca se sabrá si se han identificado todas las amenazas, ni se tendrá información completa ni siquiera sobre las que se conocen, y que precisamente por eso las otras 2 valoraciones son esenciales. Traducido, el hecho de que la inteligencia no pudiera anticipar la magnitud no es una excusa que cierre el asunto, es exactamente la razón por la que había que haber hecho las otras 2 cosas. Y también lo dice al revés, porque concluye que las valoraciones de amenaza por sí solas son insuficientes para sostener las decisiones que hay que tomar.
Lo mismo, en versión europea, es el modelo común de análisis de riesgos de Frontex, llamado CIRAM, que lleva 20 años escrito y define el riesgo como función de amenaza, vulnerabilidad e impacto, entendiendo la vulnerabilidad como la capacidad del sistema para mitigar la amenaza. Es el mismo esquema con otras palabras, y España, como Estado Schengen, lo tiene como referencia metodológica para sus fronteras exteriores.
Sobre el vocabulario, la comunidad de inteligencia estadounidense tiene desde 2007 una norma escrita, la Directiva 203 sobre estándares analíticos, que obliga a expresar la incertidumbre con 7 escalones tasados en porcentaje y a distinguir la información de las hipótesis del analista. Un ejemplo público de cómo se aplica es la estimación sobre el programa nuclear iraní de 2007, que dedica un recuadro a explicar al lector qué significa cada palabra que va a leer. Y el contraejemplo más famoso también viene de allí, porque el informe presidencial del 6 de agosto de 2001 titulado «Bin Ladin decidido a atacar en EE.UU.» precedió al 11-S en 36 días, y la Comisión del 11-S concluyó que las amenazas recibidas contenían pocas especificidades sobre momento, lugar, método y blanco. La nota del CNI era más concreta que aquella en momento y lugar. Lo que le faltaba era lo mismo en cuanto a método y magnitud.
Hay además un ejemplo pequeño que resulta demoledor por lo modesto que es. El Departamento de Seguridad Nacional estadounidense publica cada año una valoración pública de amenazas organizada por misiones, una de las cuales es literalmente la seguridad de la frontera y la inmigración. Y por debajo de ese nivel trabajan los centros de fusión estatales, cuyos boletines rutinarios circulan en el archivo documental Public Intelligence. Uno de ellos, del centro de inteligencia de Nuevo México, avisa de una manifestación por la paz en Ucrania convocada en Albuquerque para el 18 de marzo de 2023 a las 14:00. Y dice que no hay cifras conocidas, pero que, por el histórico de convocatorias de esa misma organización, suelen presentarse entre 50 y 150 personas según la causa.
Eso es una tasa base aplicada a un convocante concreto, escrita por un analista de un estado pequeño, sobre una protesta de barrio, en un boletín de 2 páginas. La misma operación aritmética que nadie hizo con 180.000 miembros de dos grupos de Facebook y el mayor acontecimiento fronterizo de la historia de España.
Y para cerrar el círculo, España no solo tiene la escala del CIFAS. Tiene otras 2 herramientas más. La primera es el Nivel de Alerta Antiterrorista, una escala de 5 niveles en la que la amenaza se valora por intención, capacidad y probabilidad, se correlaciona con la vulnerabilidad de los potenciales blancos y con su impacto, y donde cada nivel lleva aparejada la puesta en marcha inmediata de un paquete de medidas concretas. Lo activa el ministro del Interior a través de la Secretaría de Estado de Seguridad, que es el organismo que estuvo recibiendo todos los datos de la escalada de julio. Están las 3 patas y está el tratamiento. Solo que es para terrorismo y no hay nada equivalente para una entrada masiva en frontera.
La segunda es todavía más llamativa. El Departamento de Seguridad Nacional de Presidencia publica cada año un Informe Anual de Seguridad Nacional que incluye un mapa de riesgos con las 16 amenazas para la Seguridad Nacional situadas según su nivel de impacto y su grado de probabilidad, en una escala de 0 a 5, aprobado por el Consejo de Seguridad Nacional. Es decir, el eje de probabilidad y el eje de impacto existen en un documento oficial español, se publican y se aprueban al máximo nivel.
La última edición se publicó en mayo de 2026, 2 meses antes de lo de Ceuta, y hay que contar bien lo que dice porque es más interesante que el titular fácil. Recoge que en 2025 las llegadas irregulares a España cayeron cerca de un 43% respecto a 2024, la cifra más baja desde 2022, con un descenso del 62% en Canarias. Sitúa los flujos migratorios irregulares entre las amenazas de perfil más tradicional y dentro del bloque cuya tendencia a 5 años se percibe como empeorando, mientras los 2 primeros puestos los ocupan la vulnerabilidad del ciberespacio y las campañas de desinformación.
Dos consideraciones sobre eso. La primera es que ese mapa no lo elabora la inteligencia, sino una encuesta de percepción de riesgos entre expertos realizada en febrero y marzo de 2026, de modo que mide lo que opina un panel y no lo que está ocurriendo en una frontera concreta un día concreto. La segunda es que los datos que reflejaba eran ciertos, porque las llegadas efectivamente estaban cayendo. Y ahí está el problema de fondo, porque el nivel estratégico miraba una serie a la baja en mayo mientras el nivel operativo escribía en julio que los intentos habían subido un 201% y las entradas un 837% en 2 semanas, y no había ningún mecanismo que obligara a conectar las 2 cosas. Una tendencia descendente durante 3 años no dice nada sobre lo que puede pasar un jueves por la mañana en un espigón de 200m.
Todo salía de Facebook.
Si uno repasa las 22 piezas anteriores a la entrada aparece un patrón que explica bastante bien por qué no había ningún número. Prácticamente toda la alerta temprana se sostiene sobre información pública que cualquiera podía consultar desde el sofá.
Las notas del CENIF vienen firmadas literalmente por el «Grupo Fuentes Abiertas (OSINT)» y describen como indicadores el aumento de publicaciones de venta de neoprenos y aletas en Facebook, los vídeos de TikTok y las convocatorias en grupos de mensajería. La nota del CNI reproduce 2 capturas de pantalla de Facebook y una dirección de grupo de WhatsApp. Las notas sucintas del Centro de Coordinación del Estrecho combinan lo que remiten las agregadurías de Interior con el análisis de fuentes abiertas. El único producto que no procede de fuentes abiertas es el SIGINT del Regimiento de Guerra Electrónica, y llegó el mismo día 30, describiendo una concentración de personas que ya se veía.
Y aquí hay un detalle que conviene mirar despacio. La nota del CNI reproduce, como publicación más relevante detectada, un mensaje que anima a cruzar durante la Fiesta del Trono. En el pie de esa captura se ven los contadores de la propia red social, y son 87 reacciones, 22 comentarios y 9 compartidos. La publicación que aparece justo encima tiene 1 reacción y 9 comentarios.
Captura incluida en la nota urgente C/10399 del CNI. Documento desclasificado publicado por La Moncloa.
Los 180.000 miembros de los 2 grupos son el titular. Las 87 reacciones son el dato. Cualquiera que haya gestionado una cuenta con seguidores sabe que el número de seguidores no mide compromiso, y que hay perfiles con decenas de miles de seguidores cuyas publicaciones no pasan de unos cientos de interacciones. Convertir seguidores en personas dispuestas a jugarse la vida cruzando un estrecho es un salto que ningún analista puede dar sin más datos. Y lo llamativo es que la prueba de esa debilidad estaba impresa dentro del propio informe, en la única publicación que el CNI eligió para ilustrar la amenaza. El Gobierno lo ha reconocido después, al sostener en su comunicado que la cifra de 180.000 no constituía ni fue interpretada como un indicador de escala ni de probabilidad prospectiva. Estoy de acuerdo, y precisamente por eso no debería haber sido el dato central de la alerta.
Había además una tasa base perfectamente conocida y estaba en un documento del propio CNI. El punto de situación de 27 de julio de 2026 recoge que en 2025 hubo 12.829 intentos de entrada a nado en Ceuta con solo 431 entradas consumadas. Sobre esa base, el informe del Estado Mayor de la Guardia Civil documentaba 459 intentos y 27 entradas entre el 29 de junio y el 12 de julio de 2026, y 1.380 intentos y 253 entradas entre el 13 y el 26 de julio de 2026. El CENIF contabilizaba 921 cruces a nado en todo el mes.
Elaboración propia a partir de los informes desclasificados y de la estimación oficial del Ministerio del Interior.
Con esos números encima de la mesa, la escala de lo que ocurrió está 1.000 veces por encima de cualquier serie disponible. La curva iba claramente hacia arriba, pero de 921 cruces en un mes a 72.000 en dos días no hay extrapolación posible. Lo del 30 de julio no fue la continuación de una tendencia, fue otra cosa.
Quién sabía qué y quién podía hacer algo.
El repositorio de La Moncloa tiene una virtud enorme, y es que cada documento viene con su destinatario. Eso permite reconstruir quién estaba informado y quién tenía capacidad de decidir.
La Secretaría de Estado de Seguridad es, con diferencia, el destinatario más frecuente. Recibió las 8 infografías y volcados de datos del CECORVIGMAR sobre intentos y entradas a nado a lo largo de todo julio, y recibió también el informe semanal de inmigración marítima del CENIF del 23 de julio. Es decir, el órgano del que dependen la Guardia Civil y la Policía Nacional tenía la serie completa de la escalada, día a día, desde el 3 de julio.
El canal de mando de la Guardia Civil recibió lo suyo por dentro. La nota de despacho del Mando de Fronteras y Policía Marítima, fechada el 8 de julio y remitida el 10, advertía de que la sentencia del Tribunal Supremo iba a incrementar previsiblemente la presión sobre ambas ciudades y podía generar un efecto llamada hacia las entradas a nado. Es el único documento anterior de todo el expediente que llega a proponer algo concreto, porque plantea la necesidad de reforzar personal y medios en las Comandancias de Ceuta y Melilla. 22 días antes.
El CNI, en cambio, dirigió sus 2 notas previas a destinos distintos. La del 27 de julio fue a las autoridades pertinentes del Gobierno de la Nación y se compartió con las autoridades locales de Ceuta, pero sus datos estaban cerrados a 30 de junio, es decir, llegaban con un mes de retraso justo cuando la curva se estaba disparando. La del 29 de julio, la que contenía el aviso sobre redes sociales, fue a los servicios marroquíes. Nada de lo que el CNI supo ese día sobre las convocatorias llegó a un decisor español por vía formal.
Llegó por WhatsApp. Las 4 conversaciones publicadas muestran a un agente del CNI en Ceuta escribiendo al jefe de Gabinete de la Delegación del Gobierno el 29 a las 13:52 para decir que hay un llamamiento para asaltar por valla y mar al día siguiente a las 20:00, aprovechando la fiesta, y que hay dos grupos con 180.000 seguidores, para que se haga una idea del alcance de la difusión. A las 21:34 consta una llamada de 11 minutos. Un minuto después del primer mensaje, a las 13:53, el mismo servicio escribe a la UCE-3 de la Guardia Civil, que responde disculpándose porque el asunto le ha cogido fuera, y a las 14:41 mantienen una llamada de 7 minutos y 38 segundos.
Ese canal ha tenido consecuencias esta misma semana. El jefe de Gabinete que recibió los mensajes y la llamada, Gonzalo Sanz, presentó su dimisión el 11 de septiembre. El delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, ha sostenido que desconocía tanto los mensajes como la llamada, que aquello no fue más que un intercambio de información y no una alerta formal, que en ningún momento pensó que iban a pasar miles de personas por la frontera y que lo ocurrido desbordó cualquier medida que se hubiera podido adoptar. Ha descartado dimitir.
No estoy criticando que 2 profesionales se llamen por teléfono, que es lo normal y lo rápido. Lo que constato es que el sistema formal de alerta temprana del Estado, en la víspera del mayor evento migratorio de la historia de España, produjo una nota para Rabat y una conversación de mensajería con un gabinete. Eso no genera un acta, no genera una decisión trazable y no obliga a nadie a responder por escrito. La prueba está en que la discusión política de estos días trata sobre si un mensaje de móvil es o no es una alerta, y esa discusión solo existe cuando el procedimiento no está escrito en ninguna parte.
Hasta dónde llega la responsabilidad.
Aquí hay que ir con pies de plomo, separando 3 planos que la discusión política mezcla a diario y que no tienen nada que ver entre sí.
El plano penal está abierto. El 7 de septiembre la Audiencia Nacional se declaró competente para investigar los hechos por posibles delitos que comprometen la paz o la independencia del Estado, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros en conexión con homicidio imprudente, y de organización criminal. Esa causa investiga si hubo una acción concertada desde el otro lado, no si el Gobierno gestionó bien, y conviene no confundir una cosa con la otra.
El plano patrimonial es el que responde a la pregunta de si el Estado tendría que indemnizar a quien haya sufrido daños. Lo regulan el artículo 106.2 de la Constitución y los artículos 32 y siguientes de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público, que reconocen el derecho a ser indemnizado por toda lesión consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, con 2 excepciones. Una es la fuerza mayor y la otra es que el particular tenga el deber jurídico de soportar el daño. No hace falta demostrar culpa de nadie, porque el sistema es objetivo, pero sí hace falta que el daño sea efectivo, evaluable, individualizado y causalmente ligado al servicio público.
Todo el peso recae entonces sobre el concepto de fuerza mayor, que exige un suceso imprevisible o inevitable. Y esa es exactamente la discusión que los tribunales están teniendo ahora con la DANA de Valencia, donde se plantea si la existencia previa de mapas de riesgo y de protocolos de alerta desplaza el hecho desde la fuerza mayor hacia un funcionamiento anormal por omisión. La pregunta jurídica en Ceuta es idéntica y la respuesta depende de qué se considere previsible.
Contra la posición del Gobierno juegan bastantes cosas, y todas están documentadas. Existía una tendencia al alza medida y comunicada a diario desde el 3 de julio. Existía una causa identificada y puesta por escrito por la Guardia Civil el 8 de julio. Existía una petición formal de refuerzo de personal y medios desde esa misma fecha. Existía un precedente en el mismo punto en mayo de 2021 y una ampliación del espigón pendiente desde 2014. Y existe un dato difícil de esquivar, porque la medida que finalmente cerró el paso ─una barrera neumática de 500m combinada con boyas fondeadas de la Armada─ la empezaron a instalar los GEAS de la Guardia Civil a las 07:50 del 1 de agosto de 2026 y la terminaron esa misma mañana. Es decir, era materialmente desplegable en cuestión de horas.
A favor del Gobierno juegan otras tantas, y también hay que decirlas. Ningún documento previo estimó decenas de miles de personas. La modalidad que se produjo no figuraba en ningún escenario. El único servicio que asignó probabilidades a los escenarios situó el de riesgo extremo en probabilidad media-baja. El mapa de riesgos nacional aprobado en mayo no situaba los flujos migratorios entre las 2 primeras amenazas. Y la propia Jefatura de Información de la Guardia Civil valoró el 30 de julio, con la avalancha ya en marcha, que resultaba poco probable que aquello se debiera a una dejación de funciones marroquí, listando la connivencia como la 5ª de 6 hipótesis ordenadas por probabilidad. Si el servicio que estaba mirando la frontera en directo llegaba a esa conclusión, sostener que el Gobierno tenía la certeza previa es ir por delante de las pruebas.
Mi posición, que no es la de un jurista y así hay que tomarla, es que los papeles sostienen con holgura una responsabilidad política y no sostienen hoy una responsabilidad jurídica por previsión de la magnitud. La responsabilidad política no está en no haber adivinado 72.000 personas, porque eso no lo adivinó nadie. Está en que el Estado tenía la serie completa de una escalada del 837%, tenía identificada su causa, tenía una petición de refuerzo sobre la mesa desde hacía 3 semanas, tenía 3 herramientas propias para convertir todo eso en un nivel de riesgo con medidas asociadas, y no aplicó ninguna. La alerta temprana no consiste en tener la información, consiste en tener un procedimiento que obligue a hacer algo con ella y a dejar constancia de quién decidió qué.
La trampa legal y lo que hacen otros.
Los propios informes reconstruyen el mecanismo con claridad. El Tribunal Supremo fijó el 29 de junio, en una sentencia difundida el 8 de julio, que el rechazo en frontera de la disposición adicional décima de la Ley de Extranjería solo puede aplicarse a quien intenta superar un elemento físico de contención, y no a quien es interceptado en el mar. A partir de ahí, quien llegaba a nado ya no era devuelto en el acto, y la nota del CNI del 30 de julio describe cómo los que lo conseguían difundían su éxito en redes sociales, generando lo que el propio documento llama un efecto llamada exponencial entre el 22 y el 27 de julio.
Es difícil encontrar un ejemplo más limpio de cómo una decisión judicial correcta en su lógica interna produce un efecto masivo en el terreno cuando nadie prepara la respuesta. Y también es difícil no señalar que el propio Supremo dejó escrita la salida, porque si existieran elementos físicos de contención en el mar la disposición volvería a ser aplicable. De ahí las boyas del 1 de agosto. La solución estaba en la sentencia que causó el problema y tardó 32 días en aplicarse.
Conviene aclarar algo que se repite mucho y que no es cierto, y es que Europa nos ate las manos. La Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el asunto N.D. y N.T. contra España de 13 de febrero de 2020, avaló las devoluciones sumarias de 2 ciudadanos que saltaron la valla de Melilla, revocando una condena anterior. Y el Tribunal Constitucional, en su sentencia 172/2020, avaló el rechazo en frontera con condiciones. Lo que ha restringido el margen no es Estrasburgo, es una interpretación del Supremo español sobre un supuesto concreto y la ausencia de un elemento físico en el mar.
Se dice también que en Estados Unidos deportan a cualquiera en el momento en que lo detectan, sin trabas. Conviene matizarlo porque la realidad es más útil que el eslogan. Existe desde 1996 el expedited removal, un procedimiento sumario que permite expulsar sin pasar por un juez de inmigración, y en enero de 2025 se amplió a todo el territorio nacional a quien no pueda acreditar 2 años de presencia continuada. Eso es mucho más rápido que el procedimiento español de devolución. Pero no es ilimitado, porque quien alega temor fundado tiene derecho a una entrevista de acreditación de ese temor, que es la traducción operativa del principio de no devolución que Estados Unidos también ha firmado, y porque la ampliación de 2025 sigue recurrida ante los tribunales federales. Hay margen para ser mucho más ágiles que ahora dentro de la ley, y no lo hay para prometer expulsiones instantáneas sin procedimiento alguno.
La reforma útil, si de verdad se quiere hacer, tiene 3 patas y ninguna es un titular. Elementos físicos de contención en el mar que devuelvan aplicabilidad al rechazo en frontera, que ya se han empezado a colocar aunque los propios guardias civiles los consideren un parche y hayan sufrido daños en 2 días. Acuerdos de readmisión que funcionen sin depender de la buena voluntad del vecino en cada crisis. Y un procedimiento de devolución que sea rápido de verdad y que resista en Estrasburgo, porque si se hace deprisa y mal tendremos otra sentencia en 3 años y volveremos a empezar en el mismo punto.
Conclusión.
De todo lo leído me quedo con una idea. El Estado español sabe hacer esto. Tiene la escala de probabilidad impresa en los informes del CIFAS, tiene el Nivel de Alerta Antiterrorista que convierte un nivel de amenaza en un paquete de medidas, y tiene un mapa de riesgos nacional con ejes de impacto y probabilidad aprobado por el Consejo de Seguridad Nacional. Las 3 herramientas existen y ninguna se aplicó a una frontera de 6Km con un espigón que se puede bordear a pie. Mientras no exista la obligación de hacerlo, nadie pondrá un número, y sin un número no hay decisión posible, porque no se puede comparar una amenaza con unos medios si la amenaza no está cuantificada. El próximo informe volverá a describir unos cuantos grupos de Facebook con muchos seguidores, alguien volverá a discutir si un mensaje de móvil es o no una alerta formal, y nos enteraremos otra vez de la magnitud al mirar por la ventana.
Referencias y fuentes:
- Cifras y situación política cerradas el 11 de septiembre de 2026. La instrucción penal sigue abierta, el Gobierno ha dejado abierta la publicación de nuevos documentos y los datos pueden variar.
- Publicación de los informes y comunicaciones sobre la situación de Ceuta. Repositorio de los 40 documentos desclasificados. La Moncloa. 9 de septiembre de 2026.
- Nota urgente C/10399 del CNI, 29 de julio de 2026, dirigida a la DGST y la DGED marroquíes. Nota informativa C/10266, 27 de julio de 2026. Nota informativa C/10481, 30 de julio de 2026, con la descripción de la concentración en Fnideq la noche del 29.
- Nota informativa TIFA-3136 del CENIF, 29 de julio de 2026, con la tabla de escenarios, y actualización de la nota interna TIFA-3133 de la misma fecha.
- INTREP del CIFAS sobre la crisis migratoria en las plazas e islas de soberanía española, 30 de julio de 2026, con la escala de probabilidad, y SIGINTREP 01/2026 del Regimiento de Guerra Electrónica nº 32.
- Nota de despacho del Mando de Fronteras y Policía Marítima de la Guardia Civil, 8 de julio de 2026. Informe sobre presión migratoria por nadadores, 30 de julio. Informe de apoyos y refuerzos, 31 de julio. Informe de la Jefatura de Información, 30 de julio, con las seis hipótesis ordenadas por probabilidad.
- Comunicado de la Secretaría de Estado de Comunicación sobre el carácter no formal de la comunicación del CNI, 9 de septiembre de 2026. Declaraciones del delegado del Gobierno en Ceuta y dimisión de su jefe de Gabinete, 9 y 11 de septiembre de 2026. Cobertura general de prensa nacional.
- «Gestión y Dirección de la Seguridad: Principios Básicos», de Jorge Tierno Rey, capítulo 3, sobre metodología de gestión de riesgos y criterios económicos de decisión. Ejemplo práctico de aplicación en «Todos somos Directores de nuestra propia Seguridad».
- Homeland Security: Key Elements of a Risk Management Approach, GAO-02-150T, testimonio de Raymond J. Decker ante el Congreso de los Estados Unidos, 12 de octubre de 2001. Ficha en la Biblioteca Virtual del NCJRS.
- Homeland Threat Assessment. Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Boletín del New Mexico All Source Intelligence Center de 15 de marzo de 2023, publicado en el archivo documental Public Intelligence.
- Intelligence Community Directive 203, Analytic Standards. National Intelligence Estimate sobre Irán, noviembre de 2007. Presidential Daily Brief de 6 de agosto de 2001 e Informe de la Comisión del 11-S.
- Common Integrated Risk Analysis Model (CIRAM), Frontex. Nivel de Alerta Antiterrorista, Ministerio del Interior. Informe Anual de Seguridad Nacional 2025, Departamento de Seguridad Nacional, mayo de 2026, con el mapa de riesgos y el análisis de riesgos 2025/26.
- Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, artículos 32 a 37. Del Río Prada c. España, Gran Sala del TEDH, 21 de octubre de 2013. Sentencia N.D. y N.T. c. España, Gran Sala, 13 de febrero de 2020, y STC 172/2020, de 19 de noviembre.
- 8 U.S. Code § 1225, procedimiento de expedited removal. Proyecciones de Población 2024-2074, INE. Informe Anual 2023, Banco de España.
