Escribimos estas líneas el viernes 31 de julio por la tarde, con unas cifras que cuesta escribir sin volver a comprobarlas. El Ministerio del Interior, que ha ido rectificando y actualizando sus datos a lo largo del día, estima en unas 50.000 las llegadas a Ceuta producidas desde la madrugada del jueves 30, y el presidente de la ciudad, Juan Jesús Vivas, eleva esa cifra a 60.000. Ceuta tiene 83.000 habitantes. Es decir, en poco más de un día entró en la ciudad el equivalente a entre el sesenta y el setenta por ciento de su población, una proporción que no tiene precedente en España ni comparación fácil en Europa. Para situarlo, la crisis de mayo de 2021, que hasta esta semana era el episodio de referencia y que se recuerda como un acontecimiento nacional, se movió entre 6.000 y 10.000 personas. Esto es entre 6 y 10 veces aquello.

Conviene decir de entrada qué clase de datos son esos, porque la precisión importa y porque han bailado mucho en veinticuatro horas. Son estimaciones, no recuentos nominales, y hay una razón de peso para que no lo sean, y es que el cordón policial establecido a primera hora de la tarde del jueves tuvo que retirarse ante el volumen de llegadas y la gente avanzó directamente hacia el interior de la ciudad. Contar con exactitud a decenas de miles de personas que entran por varios puntos a la vez, muchas de ellas nadando, mientras el dispositivo se ve superado, es sencillamente imposible. Añadamos que estas cifras superan con holgura todas las que circulaban el jueves, cuando Televisión Española hablaba de 2.000 a 3.000 personas, la Delegación del Gobierno de unas 5.000 y la televisión pública marroquí de 30.000. Que la estimación oficial acabe siendo muy superior incluso a la del vecino que supuestamente exageraba dice mucho de la confusión de esas horas y merece tenerse presente al leer cualquier análisis, incluido este.

Lo ocurrido en Fnideq —Castillejos— fue el desencadenante. Miles de personas se concentraron en la ciudad marroquí durante la noche del miércoles al jueves y por la mañana echaron a correr hacia la frontera, unas a nado bordeando el espigón del Tarajal —que se adentra apenas cinco metros en el mar— y otras sencillamente caminando por él, hasta dejar a la Guardia Civil sin capacidad material de contención. El flujo no cesó con la noche del jueves y continuó a primera hora del viernes, con carreras constantes en la zona fronteriza, mientras muchos de los que habían entrado regresaban ya a Marruecos por su propio pie por el mismo paso.

La respuesta ha sido de emergencia en todos los frentes y ha ido a una velocidad que también sorprende. El Gobierno movilizó el jueves a las unidades del Ejército de Tierra destacadas en Ceuta, que el viernes situaron carros y vehículos blindados en la misma puerta de acceso desde el espigón, con un doble cometido, servir de muro de contención físico que impida la dispersión hacia el tejido urbano y canalizar a los recién llegados hacia las naves del polígono del Tarajal, donde se improvisa la primera atención. En paralelo, España y Marruecos acordaron la entrega de todas las personas que habían entrado, y el resultado de ese acuerdo es la cifra más llamativa de toda la crisis después de la de entradas, porque a las trece horas del viernes Interior contabilizaba ya más de 25.000 salidas hacia Marruecos, a un ritmo sostenido de unas ciento cincuenta personas por minuto. En cuestión de horas ha vuelto atrás aproximadamente la mitad de la gente que entró. Pedro Sánchez visitó la ciudad el viernes junto al ministro del Interior, con parada en la frontera del Tarajal y reunión de coordinación con Vivas, el delegado del Gobierno, los mandos policiales y los responsables del CETI y de Cruz Roja, y anunció que se estudiará una reforma de la Ley de Extranjería para que las repatriaciones en frontera puedan hacerse de la manera más eficiente posible. La ciudad, por su parte, ha suspendido la Feria prevista del 1 al 8 de agosto al considerar que no existen condiciones para garantizar su seguridad, buena parte del comercio ha cerrado y miles de personas siguen en la calle. El episodio se ha extendido además a Melilla, con el paso de Beni Enzar cerrado tras un intento de entrada masiva, y ha escalado a la política europea, con Italia planteando la suspensión del espacio Schengen con España y con la Comisión ofreciendo el despliegue de Frontex, que no se activa solo, porque exige que España lo solicite formalmente y justifique la necesidad de apoyo operativo.

El dato de los retornos merece una lectura despacio, porque es a la vez la mejor noticia de la jornada y la pregunta jurídica que va a durar meses. Ciento cincuenta personas por minuto son dos personas y media por segundo, un ritmo materialmente incompatible con el procedimiento ordinario de devolución que el Tribunal Supremo declaró obligatorio hace tres semanas para quien llega por mar, con su audiencia individual, su motivación y su posibilidad de revisión judicial. Caben aquí varias explicaciones legítimas y conviene no dar por buena ninguna sin comprobarla. Una parte de esas salidas son retornos voluntarios, gente que decide volver por su propio pie al ver que no hay nada que hacer, un supuesto jurídicamente distinto que no plantea el mismo problema. Otra parte puede estar acogiéndose al convenio bilateral de readmisión con Marruecos, que tiene su propio cauce. Y una tercera posibilidad, que es la que hay que vigilar, es que la urgencia se esté llevando por delante garantías que una sentencia muy reciente acaba de declarar obligatorias. No afirmamos que esté ocurriendo, no tenemos datos para sostenerlo, pero sí decimos que la aritmética plantea la pregunta y que este punto acabará con toda probabilidad en los tribunales. Quien quiera entender de verdad esta crisis dentro de un año hará bien en seguirle la pista.

 

Por qué ha pasado.

Para entender el porqué hay que empezar por una sentencia. El Tribunal Supremo, al resolver el recurso de casación 3795/2025, fijó doctrina sobre el «rechazo en frontera» —las llamadas «devoluciones en caliente [hot returns]»— de la disposición adicional décima de la Ley de Extranjería. Ese procedimiento inmediato solo puede aplicarse a quien intenta entrar superando un elemento físico de contención, como la valla. A quien es interceptado en el mar, nadando, no se le puede aplicar, y debe seguirse el procedimiento de devolución ordinario, con audiencia, motivación y revisión judicial. Conviene ser precisos con lo que la sentencia dice y con lo que no dice, porque en el ruido de estos días se mezclan las dos cosas. No prohíbe devolver a quien llega por mar, obliga a devolverlo por otro cauce, más lento y con más garantías. Y deja además una puerta abierta que resulta clave, porque el propio tribunal apunta que si existieran elementos físicos de contención en el mar la disposición sí podría aplicarse. Semanas después, otra sentencia —la STS 868/2026, de 8 de julio— anuló varios preceptos del Reglamento de Extranjería y reforzó la obligación de atender de inmediato a los menores extranjeros no acompañados. Protege más a la infancia, que es su función, aunque en la práctica añada presión sobre un sistema de acogida que, como veremos, está reventado.

El resultado fue una ventana de oportunidad que los propios interesados conocían y comentaban. Los testimonios recogidos a pie de playa en Castillejos describen a jóvenes llegados desde Casablanca, Marrakech o Fez —a cientos de kilómetros— animados por los vídeos que cuelgan en redes quienes ya han cruzado, en un «efecto llamada [pull effect]» que se retroalimenta. La sentencia no creó el deseo de emigrar, pero cambió el cálculo de quien lo intenta, y eso, sumado al verano y a las redes, explica buena parte del cuándo. El detalle físico que lo hizo posible tiene medida exacta, los cinco metros que el espigón del Tarajal se adentra en el agua, una asignatura pendiente señalada desde 2014.

 

¿Qué papel juega Marruecos?

Esta es la pregunta que más se repite y la que exige más disciplina, porque es muy fácil pasar de la sospecha razonable a la afirmación gratuita, y nosotros no vamos a dar por probado lo que no lo está.

Empecemos por lo documentado. Las crónicas escritas desde el lado marroquí en los días previos describían a decenas de jóvenes lanzándose al agua desde playas públicas de Fnideq, al atardecer, con fuerzas de seguridad marroquíes presentes en la arena y patrulleras a la vista, sin que nadie lo impidiera. Los sindicatos policiales españoles denunciaron durante la avalancha que las autoridades marroquíes no estaban haciendo absolutamente nada por frenar el paso. Al mismo tiempo, y hay que decirlo con la misma claridad, hubo jornadas previas con contención real de las patrulleras marroquíes, y las propias fuentes policiales españolas reconocían que la Gendarmería mantenía la colaboración para interceptar cruces. La foto, por tanto, no es la de una pasividad total ni la de una contención seria, sino la de un esfuerzo intermitente y claramente insuficiente para el volumen del fenómeno.

Sobre esa base caben tres hipótesis, y hay que pesarlas por separado. La primera es la incapacidad real, que Marruecos simplemente se viera desbordado. Tiene algo a su favor, porque frenar a nadadores que se confunden con los bañistas de una playa turística en pleno verano es objetivamente difícil, y una multitud de decenas de miles de personas desborda a cualquier policía. Pero tiene mucho en contra, porque este mismo fenómeno, en este mismo punto, fue reprimido con contundencia por los antidisturbios marroquíes durante noches consecutivas en septiembre de 2024, cuando a Rabat le interesó hacerlo. La capacidad existe y está demostrada.

La segunda hipótesis es la tolerancia deliberada, un dejar hacer calibrado, sin orden expresa de abrir nada pero sin voluntad real de cerrarlo. Es la que mejor encaja con la evidencia disponible, y la magnitud conocida este viernes la refuerza hasta un punto difícil de rebatir. Un flujo sostenido durante dos semanas, con gente convergiendo hacia Fnideq desde ciudades a cientos de kilómetros, atravesando todo el país, anunciándose en redes sociales y culminando en la entrada de decenas de miles de personas en poco más de un día, no puede ser desconocido para los servicios de inteligencia marroquíes, que tienen en el norte del país una de sus zonas de mayor cobertura. Que Marruecos lo sabía es prácticamente seguro. Y hay un argumento adicional que aporta la propia magnitud, porque concentrar a decenas de miles de personas en una localidad pequeña como Fnideq exige transporte, alojamiento improvisado y desplazamiento masivo por carreteras controladas, algo que no ocurre a espaldas de ninguna administración. El detalle más elocuente llega al final, porque el flujo se frenó cuando Rabat y Madrid se pusieron a ello, igual que en 2021. La avalancha terminó cuando al otro lado se decidió que terminara. Ahora bien, y esto hay que seguir sosteniéndolo con rigor, saber no es planear. Del conocimiento y de la capacidad de cierre se deduce que la continuidad del fenómeno fue, como mínimo, consentida o insuficientemente combatida. No se deduce que estuviera dirigida.

Y esa es la tercera hipótesis, la orquestación o al menos la señal deliberada desde el Gobierno marroquí, con Argelia como móvil. Hoy por hoy no está contrastada con evidencias, pero conviene exponer con orden lo que la alimenta y lo que la frena, porque el debate está en la calle y merece algo mejor que una consigna. A su favor juega, en primer lugar, el calendario, y hay que reconocer que es llamativo. Sánchez viajó a Argel el 20 de julio para cerrar la crisis diplomática abierta en 2022 y reforzar el suministro de gas, y el repunte de entradas arranca justo en los diez días siguientes, hasta desembocar en la avalancha del 30. La sentencia del Supremo es anterior, de primeros de julio, de modo que quien defiende la hipótesis argelina puede preguntar con razón por qué el estallido no se produjo entonces y sí a partir del viaje. En segundo lugar, la hipótesis ya no vive solo en las tertulias, porque The Objective recogió la sensación de los policías desplegados en la zona de que Marruecos había relajado el control de sus fronteras tras esa visita, y la rivalidad entre Rabat y Argel condiciona toda la región hasta el punto de que los análisis más serios describen a España caminando por una línea estrechísima entre ambos. Y en tercer lugar está el precedente de 2021, que demuestra que el instrumento existe y que Marruecos lo ha usado.

En contra juega bastante más de lo que suele admitirse. El Ministerio de Asuntos Exteriores ha desvinculado expresamente la crisis del viaje a Argelia, afirmando que la relación con Marruecos es excelente y que en nada se ve afectada por las buenas relaciones con Argel, y el presidente del Gobierno atribuyó lo ocurrido a las mafias del tráfico de personas sin señalar responsabilidad alguna de Rabat. En la misma línea, la respuesta diplomática española de estos días se ha dirigido a Roma —por sus declaraciones sobre Schengen— y no a Rabat, un detalle que retrata bien la posición oficial. Marruecos, por su parte, no reivindica absolutamente nada, atribuye el repunte a organizaciones criminales que estarían instrumentalizando la sentencia del Supremo —el mismo diagnóstico que hace el Ministerio del Interior español—, y colaboró desde el primer momento en el dispositivo de retornos. Existe además una causa alternativa documentada y suficiente por sí sola, la ventana legal abierta por el Supremo amplificada por las redes sociales, cuyo retraso de unos días tiene una explicación tan sencilla como que una noticia así tarda en circular y en convertirse en decisión de viaje para alguien que vive en Casablanca o en Fez. Y hay un detalle que no encaja bien con la tesis del castigo calculado, y es que el discurso del rey Mohamed VI por el aniversario de su entronización, pronunciado en plena crisis, ni siquiera la mencionó, un silencio que cada cual puede leer como distancia o como ambigüedad calculada.

El contraste con 2021 sigue siendo la mejor vara de medir. Entonces hubo un móvil claro y reconocible —la acogida en España del líder del Frente Polisario—, una relajación flagrante y repentina de los controles y una lectura unánime de represalia. Ahora hay una coincidencia temporal sugerente, una percepción policial sobre el terreno y unos desmentidos oficiales por ambas partes, pero ni una orden detectada, ni un ultimátum, ni reivindicación alguna. Añadamos que las dos causas no se excluyen, porque una ventana legal abierta por el Supremo y una pasividad marroquí dosificada como mensaje a Madrid pueden operar a la vez, y de hecho ese sería el escenario más rentable para Rabat, presionar sin dejar huella y con la coartada perfecta de una sentencia española. Nuestra posición, por tanto, es que la hipótesis argelina merece estar sobre la mesa y vigilada, que hoy es verosímil pero no está probada, y que lo que la confirmaría —una orden que aflore, un quid pro quo diplomático que salga a la luz o una relajación reconocida como en 2021— todavía no ha aparecido. Quien la afirme como un hecho está yendo por delante de las pruebas, y quien la descarte de plano también.

Ya que estamos en este terreno conviene desmontar también la teoría contraria, la de que estas oleadas serían la avanzadilla de una ocupación de Ceuta. No se sostiene. Marruecos reivindica la soberanía de Ceuta y Melilla desde su independencia, igual que España reivindica Gibraltar, pero tomarlas no le conviene, porque le son mucho más útiles como palanca de presión y como puerta económica hacia Europa que absorbidas a costa de romper con España y con la Unión Europea. Y en cuanto al argumento de que en un conflicto declarado intervendrían la UE y la OTAN, hay que manejarlo con cuidado porque la letra de los tratados es menos rotunda de lo que se suele creer. El artículo 5 del Tratado de Washington se aplica, según delimita el artículo 6, a los territorios de los aliados en Europa y Norteamérica y a las islas del Atlántico Norte al norte del Trópico de Cáncer, y Ceuta y Melilla, en el continente africano, quedan fuera de esa descripción literal, hasta el punto de que la propia Alianza ha remitido siempre la cuestión a una «decisión política». La cláusula europea de asistencia mutua —el artículo 42.7 del Tratado de la UE— sí las cubre, porque son territorio de la Unión, aunque su activación también depende de la voluntad de los socios. Y el único precedente real, el islote de Perejil en 2002, lo resolvió España sola, con sus propios medios, sin invocar a nadie. La disuasión frente a una aventura militar marroquí existe y es sólida, pero descansa en la capacidad militar española, en el coste desmesurado que tendría para Rabat y en el valor del Estrecho, más que en una garantía automática de los aliados que ningún tratado escribe.

 

Los expertos que aparecen cada verano.

Permítasenos un paréntesis antes de seguir, porque tiene que ver con cómo se está contando todo esto y creemos que hace falta decirlo.

Una crisis así tiene la virtud de multiplicar los expertos. En cuestión de horas se llena todo de gente que sabe exactamente lo que ha pasado, que ya lo había avisado, que tiene identificado al culpable con nombre y apellidos, que conoce la solución —y además es sencilla, y además es inmediata— y que se maravilla de que nadie la haya aplicado antes. Son los mismos que hace dos semanas explicaban con idéntico aplomo un incendio forestal, un accidente aéreo o una operación militar a 10.000 kilómetros, y que dentro de otras dos estarán explicando lo siguiente con la misma seguridad y el mismo desconocimiento. Cambia el asunto, no cambia el tono.

Lo llamativo no es que opinen, que están en su derecho como cualquiera, sino la certeza absoluta con que lo hacen. El jueves, cuando las estimaciones de lo ocurrido iban de las 2.000 personas de Televisión Española a las 30.000 de la televisión marroquí, ya había quien explicaba con total seguridad las causas, los culpables y la solución de un fenómeno cuya magnitud básica no estaba establecida. Hoy sabemos que la estimación de Interior ronda las 50.000 y que la de la ciudad llega a 60.000, el doble de la cifra más alta que circulaba y que muchos descartaban por exagerada. Quien afirmaba entonces con rotundidad no acertó, simplemente hablaba, y quien afirma hoy con la misma rotundidad tampoco tiene por qué acertar. Y como cada uno elegía de la horquilla el número que mejor le venía, tuvimos a la vez a quien minimizaba con la cifra de 2.000 y a quien dramatizaba con la de 30.000, ambos citando fuentes, ambos convencidos y ambos igual de lejos de haber comprobado nada. Conviene además no pasarse al extremo contrario, porque estas cifras siguen siendo estimaciones hechas en condiciones imposibles, con el cordón policial retirado y gente entrando por varios puntos a la vez, y el propio Ministerio del Interior las ha ido rectificando a lo largo del día.

Hay además un problema práctico, no solo estético, y es que ese ruido tiene consecuencias sobre el terreno. En una ciudad tensionada, con decenas de miles de personas en la calle, servicios desbordados y agentes agotados, un bulo puede hacer más daño que una manifestación. Ya lo vimos el verano pasado en Torre Pacheco, donde los disturbios se prendieron en buena parte con vídeos y mensajes falsos, y aquí la gasolina está servida, porque circulan imágenes descontextualizadas, cifras infladas y atribuciones inventadas a una velocidad que ninguna desmentida alcanza. Quien difunde eso desde el sofá no paga las consecuencias, las paga el vecino de Ceuta y las paga el guardia civil que lleva tres días sin dormir.

Nosotros no tenemos la solución, y este artículo no la ofrece. Lo que hemos intentado es distinto y bastante más modesto, separar lo que está documentado de lo que es conjetura, decir de dónde sale cada cifra, señalar dónde termina lo que sabemos y reconocer los puntos en los que podemos estar equivocados. Si algo de lo que hemos escrito aquí se demuestra falso en los próximos días, lo corregiremos y lo diremos, que es lo que se hace cuando uno escribe sobre hechos y no sobre intuiciones. En un asunto tan serio, con decenas de miles de personas de por medio y una ciudad entera en vilo, nos parece que la humildad no es una debilidad del análisis sino su primer requisito.

 

Dónde meter a los que llegan y cómo se gestiona una masa.

Hay una parte de esta crisis menos vistosa que la playa, y es la pregunta de qué se hace con cada persona una vez que pisa suelo español. Porque a partir de ese momento el problema deja de ser de frontera y pasa a ser de intendencia, de alojamiento, de comida, de sanidad y de identificación, y ahí es donde una ciudad de dieciocho kilómetros cuadrados se queda sin espacio material.

Los números de partida ya eran malos antes de la avalancha. El Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes, el CETI, tiene quinientas doce plazas y las superaba con holgura, con cerca de 1.000 personas esperando fuera. El sistema de protección de menores, que es el que está en peor situación, pasó de los doscientos diez tutelados del 14 de julio a unos setecientos en dos semanas, más del triple, obligando a reabrir instalaciones de emergencia cerradas hace poco, la nave de la Fundación SAMU en el polígono del Tarajal y el centro de Piniers, los mismos nombres que ya sonaron en 2021. Después del jueves, esas proporciones perdieron todo sentido, con miles de personas durmiendo en parques y aceras y deambulando desorientadas por la ciudad, sin saber adónde ir porque en los centros de acogida no cabía nadie más.

Pongamos números a lo que significaría alojar a esta gente, porque se habla mucho de acoger y muy poco de lo que cuesta acoger. Los estándares humanitarios internacionales —los del manual Esfera [Sphere Handbook] y los de ACNUR, que son los que se aplican en cualquier emergencia de desplazados— fijan unos mínimos de 3,5m² cubiertos por persona, 15 litros de agua al día, 2.100 kilocalorías diarias y una letrina por cada 20 personas. Con las 50.000 personas que estima Interior, eso exigiría del orden de 175.000m² techados, algo así como 25 campos de fútbol bajo techo, 750.000 litros de agua al día, 150.000 comidas diarias y unas 2.500 letrinas. Eso no existe en Ceuta y no puede improvisarse en Ceuta, ni en instalaciones ni en logística ni en personal, y ni siquiera existiría en una capital de provincia peninsular. Para hacerse una idea, el sistema estatal de acogida completo, el de toda España, ronda las 45.000 plazas, de modo que en poco más de un día entró en la ciudad más gente de la que el país entero puede alojar en su red ordinaria. En dinero, con las tarifas oficiales publicadas en el BOE, que van de cincuenta a cincuenta y ocho euros por persona y día en la fase estándar, sostener a esa población costaría entre 2,5 y 3 millones de euros diarios.

Poner esos números encima de la mesa no es un ejercicio de alarmismo, es la explicación de por qué la única salida posible era la que se ha adoptado. Con esa magnitud no hay política de acogida que valga, porque sencillamente no cabe, y por eso todo el esfuerzo se ha volcado en el retorno, con más de 25.000 salidas contabilizadas en la primera jornada. Lo que esa vía no resuelve es la parte de los menores, que no entran en ningún acuerdo de devolución, que ya venían creciendo antes de la avalancha y cuya situación se prolongará mucho después de que se vacíen las calles. Su cauce es otro, el mecanismo legal de derivación y reparto entre comunidades autónomas, con sus garantías y sus plazos, y es ahí donde la ciudad lleva semanas reclamando velocidad.

Hay que decir también algo incómodo sobre la palabra «control», para que nadie se llame a engaño, y la jornada del jueves lo ha demostrado de la forma más cruda posible. A decenas de miles de personas recién llegadas no las controla nadie en el sentido de custodiarlas, ni con la plantilla actual ni con el doble ni con el triple. La aritmética es la que es, en torno a 1.100 agentes entre Guardia Civil y Policía Nacional —con todas sus demás funciones— frente a decenas de miles de personas en régimen abierto, de modo que el orden descansa, aquí y en cualquier crisis parecida, en el comportamiento voluntario de la propia gente. La doctrina de orden público lo sabe desde siempre, una masa solo se gestiona por consentimiento, comunicación y condiciones, porque los dos instrumentos clásicos de coerción tienen un recorrido muy corto en un caso así. El jueves hubo actuación de fuerza legítima, con cargas para contener las entradas en el paso y una línea de efectivos con material de control de masas, y el dato que hay que retener es que el cordón tuvo que retirarse ante el volumen. No lo retiraron por falta de ganas ni por orden política, lo retiraron porque una línea de agentes no detiene a una multitud de esa magnitud sin causar una tragedia, y quien haya estado alguna vez en un dispositivo de orden público sabe exactamente de qué estamos hablando.

Conviene además distinguir dos supuestos que no tienen nada que ver, aunque estos días se mezclen. Una cosa es contener en tierra firme a quien empuja en un paso fronterizo, con medios antidisturbios ordinarios y una línea policial delante, que es legítimo y es el trabajo de las unidades de intervención. Y otra muy distinta sería emplear material antidisturbios contra personas que están nadando, que es lo que ocurrió en el Tarajal en febrero de 2014 y terminó en tragedia, con personas ahogadas y dieciséis guardias civiles pasando años imputados hasta el archivo definitivo de la causa en 2022. Aquel episodio, doce años después, sigue siendo una herida abierta y la razón por la que hoy los agentes rescatan en el agua en lugar de repeler. Lo mismo enseña la experiencia de las vallas, superadas en saltos masivos pese a la concertina de cuchillas —que se retiró precisamente porque mutilaba sin disuadir, el peor resultado posible para una medida de contención—, con el episodio de Melilla de junio de 2022 como recordatorio de que una barrera dura no detiene a una masa decidida, solo encarece el intento.

El resto de la técnica de gestión de masas presupone algo que aquí faltaba, que la gente tenga adónde irse, porque canalizar una multitud exige un destino. Y es interesante comprobar que la respuesta sobre el terreno ha acabado aplicando exactamente esa lógica, porque los blindados del Ejército en la puerta del espigón no están ahí para repeler a nadie, están haciendo de muro de contención y de embudo, cerrando la dispersión hacia la ciudad y canalizando a los recién llegados hacia las naves del polígono del Tarajal, es decir, creando el adónde que faltaba. Eso, unido a la información y al retorno inmediato como salida ofrecida, es la gestión correcta de una masa que no se puede custodiar, y explica que decenas de miles de personas hayan entrado y salido de una ciudad española en dos días sin que se haya producido, hasta donde se sabe, un estallido de violencia generalizado. A ello contribuye una realidad que conviene subrayar frente al alarmismo, y es que quien cruza busca llegar a la Península o simplemente probó suerte al ver la avalancha, no busca quedarse en Ceuta ni enfrentarse a nadie. El riesgo real nunca fue una masa hostil, que no existe, sino la combinación de miles de personas ociosas, sin techo, sin información y sin salida, en pleno verano, con los servicios saturados, los agentes exhaustos y los bulos corriendo más que las patrullas, como enseñó Torre Pacheco. Esa combinación sí es inflamable, y se desactiva quitándole el combustible, con intendencia, información y salidas, no con más antidisturbios.

 

Qué se puede hacer, hoy y a futuro.

Con todo lo anterior sobre la mesa, las líneas de actuación se ordenan solas, aunque ninguna sea cómoda.

La primera y más determinante es la cooperación con Marruecos, nos guste o no. La experiencia de 2021 y la de esta semana enseñan que ningún despliegue en la orilla española compensa la falta de contención en la orilla marroquí, y que cuando Rabat quiere frenar el fenómeno, lo frena. Los retornos masivos de este viernes son la demostración más reciente, porque han sido posibles gracias a la readmisión marroquí. Eso convierte la gestión de esta crisis, en el fondo, en una gestión diplomática, con todo lo incómodo que resulta depender de un vecino que ya ha usado la migración como palanca y con la dificultad añadida de mantener a la vez la relación con Argelia. No es una buena noticia, pero es la realidad, y ocultarla sería engañar.

La segunda es física y tiene nombre propio, los espigones. Si el punto débil son los cinco metros de espigón que se adentran en el mar, la respuesta técnica es prolongarlos y convertirlos en verdaderos elementos de contención marítimos, algo que además tendría un efecto jurídico directo, porque el propio Supremo deja dicho que con elementos físicos en el mar el rechazo en frontera volvería a ser aplicable también en esa vía. La ampliación del Tarajal es una asignatura pendiente desde 2014 y la consolidación del espigón de Benzú ya tiene proyecto licitado. Ahora bien, hay que decir también lo que esta obra no hará. No sellará el mar, porque el mar no se sella y quien hoy rodea cinco metros mañana rodeará quinientos o vendrá en una embarcación, y el propio Ministerio del Interior reconoció por escrito que cuando se reforzaron unos tramos del vallado los puntos calientes simplemente se desplazaron a otros. Reducirá el flujo y ganará tiempo y marco legal, que no es poco, pero no es la solución definitiva que algunos venden. Los ejemplos internacionales que se suelen citar lo confirman más que desmentirlo. La valla israelí del Sinaí, doscientos cuarenta kilómetros de «valla inteligente [smart fence]» por unos 380 millones de dólares, redujo las entradas terrestres de 16.000 al año a prácticamente cero, pero desvió el flujo hacia el Mediterráneo, es decir, convirtió un problema de tierra en un problema de mar, que es exactamente el que Ceuta ya tiene. Y del muro de Estados Unidos con México, con costes de 16 a 33 millones de dólares por milla y decenas de miles de millones en total, la propia oficina de fiscalización del Congreso reconoce que no hay manera de medir cuánto aporta por sí solo a la seguridad de la frontera. Las barreras sirven, pero desplazan, y las que de verdad mandan en Ceuta no son de acero sino legales y diplomáticas.

La tercera línea son los medios humanos y materiales, donde el déficit es objetivo y donde esta semana se ha reaccionado a marchas forzadas. La Guardia Civil afrontaba esto con unos quinientos cincuenta agentes operativos en la Comandancia —el catálogo creció hasta setecientos siete puestos con la nueva unidad de seguridad ciudadana creada en abril—, un Servicio Marítimo de medio centenar de efectivos que trabajaba prácticamente con dos embarcaciones medianas y cuatro zódiacs porque la lancha nueva seguía averiada, y cinco buzos de los GEAS, mientras la Policía Nacional ronda los quinientos sesenta y seis efectivos. El refuerzo anunciado da la medida exacta de lo corto que se andaba, porque incluye la llegada del buque Duque de Ahumada, cinco patrones de embarcación, tres mecánicos-marineros, pilotos de drones y un helicóptero para el Servicio Aéreo, dos grupos de buceadores más integrados en la Comandancia, un equipo de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras para las labores de reseña y documentación, y varios equipos de la Unidad de Intervención Policial, con las unidades locales doblando turnos. A todo ello se suma el Ejército de Tierra, y conviene decir con precisión qué hace y qué no hace la tropa desplegada, porque se está utilizando políticamente en las dos direcciones. Los militares sostienen el muro de contención del espigón, canalizan los flujos, apoyan a la Guardia Civil y liberan efectivos policiales para otras tareas, igual que en 2021, pero no tienen atribuciones de policía de fronteras ni pueden hacer lo que las fuerzas de seguridad no pueden hacer, de modo que quien esperaba que el Ejército «cerrase» la frontera va a llevarse una decepción. Y hay que insistir en una precisión que la propia sentencia del Supremo subraya y que conviene grabarse, y es que vigilar no es contener. Los drones, las cámaras térmicas y los sensores detectan y alertan, pero no impiden el paso, de modo que sin capacidad física de interceptación y sin marco legal para actuar, multiplicar sensores solo sirve para mirar mejor cómo entra la gente. En cuanto a cuántos efectivos harían falta para «blindar» de verdad, seamos francos, no existe una cifra oficial y cualquier número es un tanteo. Una cobertura permanente del perímetro y sus aguas, a turnos y todo el año, exigiría varios centenares de agentes adicionales fijos además de duplicar o triplicar la capacidad marítima, y aun así el sellado total seguiría siendo una quimera, como esta misma semana ha quedado demostrado de la forma más contundente posible.

La cuarta línea es la legal, y ha dejado de ser una propuesta para convertirse en un anuncio del propio Gobierno, porque en Ceuta se ha planteado estudiar una reforma de la Ley de Extranjería para que las repatriaciones en frontera se hagan de la manera más eficiente posible. Es una opción legítima, y hasta previsible después de lo ocurrido, con un límite que hay que decir por adelantado, y es que cualquier reforma tendrá que caber dentro del Convenio Europeo de Derechos Humanos y de la jurisprudencia sobre expulsiones colectivas, de modo que prometer devoluciones instantáneas y sin procedimiento es prometer algo que los tribunales tumbarán. Aquí conviene no perder de vista la ironía de fondo, y es que la sentencia que ha desencadenado todo esto no salió de la nada, sino de una forma de actuar en frontera que los tribunales llevaban años acotando. Si la reforma se hace deprisa y mal, dentro de dos o tres años tendremos otra sentencia y volveremos a empezar. En este mismo plano conviene aclarar una confusión que se ha instalado en el debate, porque se están mezclando dos figuras legales distintas. La emergencia de interés nacional de la legislación de protección civil está pensada para riesgos naturales y tecnológicos y no encaja aquí, y en eso la posición del Gobierno es correcta. Pero existe otra figura diferente, la situación de interés para la Seguridad Nacional de la Ley de Seguridad Nacional, cuyo ámbito sí contempla expresamente los flujos migratorios irregulares. Son instrumentos diferentes, con efectos diferentes, y la discusión pública gana bastante si se nombran por separado, porque de lo contrario cada parte responde a una pregunta distinta y el debate no avanza. Otro tanto ocurre con Frontex, cuyo despliegue se ha ofrecido desde Bruselas pero que no se activa solo, porque España tiene que solicitarlo formalmente y justificar la necesidad de apoyo operativo.

Y la quinta es la estructural, la que nunca da titulares, el reparto real y ágil de la acogida de menores entre comunidades, la financiación estable de las ciudades frontera y la acción sobre las causas en origen. Sin eso, lo de este julio volverá a pasar, porque este es un problema recurrente y lo recurrente no se arregla con medidas de una semana.

Queda una sexta línea, la más ambiciosa y la que menos se discute en serio, la de la disuasión económica europea. El razonamiento de partida es difícil de rebatir y conviene formularlo sin rodeos. Todo lo anterior —espigones, medios, reformas— reduce el daño de cada episodio, pero no toca el problema de fondo, y el problema de fondo es que esto puede repetirse siempre que Marruecos quiera o siempre que le convenga no impedirlo. Mientras abrir el grifo no le cueste nada a quien lo abre, el grifo se volverá a abrir. Es más, el sistema actual de incentivos premia justamente lo contrario de lo que pretende, porque cada crisis se ha saldado históricamente con más fondos europeos para que Marruecos contenga, de modo que quien deja de contener acaba cobrando por volver a contener. En términos de incentivos es difícil diseñar algo peor.

La respuesta a ese problema no está al alcance de España sola, porque en una relación bilateral Marruecos tiene demasiadas cartas —la migración en todas las rutas, incluida la atlántica hacia Canarias, la cooperación antiterrorista, la pesca—, pero sí está al alcance de Europa, y aquí los números mandan. Según los datos de la propia Oficina de Cambios marroquí, en 2024 el sesenta y dos por ciento de todo el comercio exterior de Marruecos fue con Europa y más del setenta por ciento de sus exportaciones acabaron en este continente, con España como su primer socio comercial, mientras que Marruecos representa una fracción mínima del comercio europeo. Esa asimetría es la materia prima de cualquier disuasión. La propuesta que merece discutirse en serio consiste en establecer que toda entrada masiva con indicios de dejadez marroquí active de forma automática consecuencias económicas europeas, hasta llegar si hiciera falta al embargo comercial, asumiendo el coste que eso tendría también para nosotros, porque una amenaza que no se está dispuesto a ejecutar es un farol, y los faroles en disuasión se pagan.

La lógica disuasoria de fondo es correcta, y lo decimos sin matices, porque la disuasión solo funciona cuando el coste es cierto, conocido de antemano y creíble, y la credibilidad exige precisamente la disposición a asumir el precio propio. Ahora bien, del principio a la práctica hay cuatro obstáculos que hay que poner sobre la mesa, porque callarlos sería vender humo. El primero es el disparador, porque una mínima sospecha no puede activar un embargo, ya que un mecanismo así sería arbitrario, recurrible y, peor aún, manipulable por terceros interesados en provocar la ruptura, de modo que los criterios tendrían que ser objetivos y verificables, un umbral de entradas medible más una falta de cooperación demostrable. El segundo es político, porque las sanciones de la Unión exigen la unanimidad de los Veintisiete y Marruecos cuenta con aliados de peso dentro de la Unión, empezando por Francia, con lo que un embargo total es hoy por hoy inviable en Bruselas. El tercero es la represalia, porque Marruecos no se quedaría quieto y su caja de herramientas es seria, abrir todas las rutas a la vez, suspender la cooperación antiterrorista y policial, golpear a las empresas europeas instaladas allí y jugar la carta de las mayores reservas de fosfatos del planeta, y España, precisamente por ser su primer socio comercial, sería quien más factura pagaría dentro de la Unión. Y el cuarto es la evidencia, porque la literatura clásica sobre sanciones enseña que los embargos totales rara vez cambian la conducta del Estado sancionado, empobrecen a la población civil antes que al Gobierno y tienden a empujar al sancionado hacia otros socios, que en este caso ya hacen cola.

Nada de eso invalida la idea, la acota. La versión defendible no es el embargo por sospecha sino una escalera de condicionalidad negativa [negative conditionality] europea, pactada, publicada de antemano y de aplicación automática cuando se cumplan los criterios, que empiece por la suspensión de los fondos de cooperación migratoria, siga por los visados y por las preferencias comerciales agrícolas y pesqueras, y reserve el embargo como último peldaño, con la disposición real de subirlos todos si hace falta, que es donde se juega la credibilidad. Y no es ciencia ficción, porque los instrumentos existen y ya se han usado. El acuerdo de asociación con Marruecos contiene una cláusula de elementos esenciales que permite suspenderlo. El Parlamento Europeo condenó formalmente en junio de 2021 el uso de la presión migratoria y de los menores como herramienta política. La justicia europea anuló en 2024 los acuerdos comercial y pesquero en lo relativo al Sáhara Occidental, demostrando que el comercio con Rabat no es intocable. Y sobre todo está el precedente francés, porque Francia recortó a la mitad los visados a Marruecos en 2021 por su falta de cooperación en las readmisiones y los restableció en 2022 cuando la cooperación mejoró, la demostración práctica de que la presión graduada, creíble y reversible funciona. La escalera, eso sí, debe tener también peldaños en el otro sentido, porque una disuasión que solo castiga acaba rompiendo la relación, y la relación con Marruecos hay que quererla romper con mucho cuidado, así que a cada consecuencia por incumplimiento debe corresponder un beneficio verificable por cumplimiento. Palo y zanahoria, con el palo a la vista y la mano firme, que es exactamente lo contrario de lo que Europa ha venido haciendo, pagar más cuanto peor se comporta el otro lado.

 

Un mensaje a los ceutíes.

No queremos cerrar sin dirigirnos a quienes viven esto en primera persona. Lo primero es reconocer la gravedad sin rodeos, porque la situación es la más seria que ha vivido la ciudad, el sistema de acogida está colapsado y el desgaste de Ceuta y de sus fuerzas de seguridad es real. Los hombres y mujeres de la Guardia Civil y de la Policía Nacional que estos días se meten al agua para sacar gente, filian a miles de personas, sostienen la frontera con plantillas justas y doblan turnos sin descanso merecen algo más que aplausos, merecen refuerzos estables, y los merecen ya. Y otro tanto cabe decir de los militares desplegados y de los trabajadores de Cruz Roja y de las entidades de acogida, que están sacando adelante una operación humanitaria sin precedentes.

Dicho esto, a la pregunta de si la situación puede llegar a ser insostenible hay que responder con honestidad. Y hay que empezar retirando el consuelo que veníamos usando, porque ya no vale. Hasta el miércoles podía decirse que Ceuta había superado 2021 y que aquello fue peor. Ya no. Con las estimaciones en la mano, esto es entre seis y diez veces 2021 y es, con diferencia, la mayor entrada irregular registrada en España. El Ejército en la calle, miles de personas durmiendo a la intemperie, la Feria suspendida, el comercio cerrado y la presión europea sobre Schengen completan un cuadro que no admite maquillaje, y no vamos a maquillarlo.

Lo que sí sostenemos, y con más razón que ayer, es la conclusión, porque no depende del tamaño de la ola. Puede ser insostenible si no se actúa, y no lo será si se actúa, porque nada de lo que ha pasado es una fuerza de la naturaleza. Esto no lo ha provocado un terremoto, lo ha provocado una combinación de una ventana legal abierta por una sentencia, una contención que falló al otro lado de la frontera y una infraestructura marítima pendiente desde hace doce años, y las tres cosas tienen arreglo. La prueba más clara está en lo ocurrido este mismo viernes, porque el flujo se frenó y la mitad de la gente había vuelto atrás en cuestión de horas en cuanto hubo voluntad política a ambos lados de la frontera. Eso es exactamente lo que veníamos sosteniendo a lo largo de todo el artículo, que la llave no está en el agua sino en los despachos, y ha quedado demostrado en un solo día para bien y para mal. Para bien, porque significa que esto se puede parar. Para mal, porque significa que también se puede permitir.

Lo que separa entonces una crisis dura de una situación insostenible no es el número de nadadores de un mal día, sino decisiones concretas que están identificadas y son alcanzables, que Rabat contenga de forma estable y no solo cuando la cosa se le va de las manos, que la obra de los espigones se haga de una vez, que el reparto de menores funcione de verdad, y que la reforma legal anunciada se haga bien, con garantías que aguanten en los tribunales, y no para el titular de mañana. Los ceutíes tienen todo el derecho a exigir que esas decisiones se tomen ya, sin esperar a otro verano, y esta vez con un argumento que antes no tenían, porque después de esta semana ya sabemos hasta dónde pueden llegar las cifras. La frontera sur es la de España y la de Europa entera, y no puede seguir sosteniéndose sobre los hombros de 83.000 personas.

 

Referencias y fuentes:

Cifras cerradas la tarde del 31 de julio de 2026. La situación evoluciona por horas.

• Invasión migratoria en Ceuta, en directo (Interior estima unas 50.000 llegadas desde la madrugada del 30 de julio y más de 25.000 salidas hacia Marruecos hasta las 13:00 del viernes, a un ritmo de unas 150 personas por minuto; blindados del Ejército en el acceso del espigón canalizando hacia el polígono del Tarajal; anuncio del estudio de una reforma de la Ley de Extranjería; Vivas cifra en 60.000 las entradas y reclama mando único y traslados; suspensión de la Feria de Ceuta; Frontex requiere solicitud formal de España). Vozpópuli. 31 de julio de 2026.
• La llegada de personas a Ceuta no cesó durante la noche (flujo continuado la madrugada y primera hora del viernes; retornos voluntarios por el propio pie; miles de personas desorientadas por la ciudad al no haber plazas de acogida). elDiario.es / Europa Press. 31 de julio de 2026.
• Spain, Morocco halt deadly rush to Spanish enclave after 49,000 cross in a day (primera estimación oficial del Ministerio del Interior). Reuters. 31 de julio de 2026.
• Almost 50,000 migrants crossed Morocco-Ceuta border over past 24 hours (declaraciones de Rachid Sbihi sobre la situación humanitaria y las personas sin techo; despliegue de tropas; propuesta italiana sobre Schengen). France 24 / Reuters. 31 de julio de 2026.
• La crisis migratoria de Ceuta, en directo (agenda de la visita de Sánchez; cierre del paso de Beni Enzar en Melilla tras un intento de entrada masiva por el paso principal y el Dique Sur). The Objective. 31 de julio de 2026.
• Meloni amenaza con cerrar el espacio Schengen tras la entrada masiva en Ceuta (Albares convoca al embajador italiano; Bruselas ofrece desplegar Frontex y pide a Marruecos frenar las salidas). El Español. 30 de julio de 2026.
• Interior asegura que España y Marruecos devolverán a «todos» los migrantes que han entrado por Ceuta (Exteriores desvincula la crisis del viaje de Sánchez a Argelia del 20 de julio). La 7 TV / Europa Press. 30 de julio de 2026.
• La llegada de inmigrantes a Ceuta se dispara tras la visita de Sánchez a Argelia (percepción de los policías desplegados de una relajación marroquí tras la visita). The Objective. 30 de julio de 2026.
• Otra noche «caliente» en Marruecos con jóvenes dispuestos a nadar hasta Ceuta (crónica desde Castillejos; efecto llamada; presencia de fuerzas marroquíes en las playas). EFE / Infobae. 29 de julio de 2026.
• El caos se apodera de la frontera entre Ceuta y Marruecos (irrupción de miles en Fnideq; discurso de Mohamed VI; comparación con 2021 en la prensa marroquí). EFE / Infobae. 30 de julio de 2026.
• El Supremo cierra la puerta a las devoluciones en caliente en el mar (recurso de casación 3795/2025; distinción entre vigilancia y contención). AUGC. 10 de julio de 2026.
• Ceuta al límite, la crisis migratoria reabre el pulso por la Ley de Extranjería (STS 868/2026, de 8 de julio, sobre menores). Euronews en español. 30 de julio de 2026.
• La Ciudad acoge a 700 menores, 130 más que ayer (CETI de 512 plazas saturado; nave SAMU del Tarajal y Piniers; colaboración de la Gendarmería). El Pueblo de Ceuta. 30 de julio de 2026.
• Ceuta pide auxilio (cerca de 1.000 personas fuera del CETI antes de la avalancha). ESdiario. 30 de julio de 2026.
• Migrants clash with Moroccan police for third night in a row (represión antidisturbios marroquí en Fnideq, septiembre de 2024). Euronews. 17 de septiembre de 2024.
• Tensión entre Argelia y Marruecos antes de la visita de Pedro Sánchez (viaje a Argel del 20 de julio; fin de la crisis de 2022). Infobae. 15 de julio de 2026.
• El Instituto Elcano advierte de que España sigue atrapada entre Argelia y Marruecos. El Independiente. 11 de febrero de 2026.
• ¿Protegería la OTAN a Ceuta y Melilla de un ataque marroquí? (artículos 5 y 6 del Tratado de Washington; precedente de Perejil). OKDiario. 11 de marzo de 2025. / Por qué la OTAN no cubre la seguridad de Ceuta y Melilla. Infobae. 9 de abril de 2025.
• Caso Tarajal, cronología (febrero de 2014; archivo definitivo en 2022). CEAR; Ceuta Actualidad; Naiz.
• El espigón del Tarajal, una frontera pendiente desde 2014. El Pueblo de Ceuta. 29 de julio de 2026.
• La nueva embarcación de la Guardia Civil, inoperativa en mitad del colapso migratorio (Servicio Marítimo, 49 efectivos). El Pueblo de Ceuta. 29 de julio de 2026.
• La Guardia Civil de Ceuta refuerza sus capacidades con la creación de la USECIC (catálogo de 674 a 707 efectivos). Delegación del Gobierno en Ceuta. 6 de abril de 2026.
• Sánchez despliega el Ejército en Ceuta (detalle del refuerzo: buque Duque de Ahumada, patrones, mecánicos, pilotos de drones, helicóptero, equipo de Extranjería y Fronteras, equipos de UIP). El Español. 30 de julio de 2026.
• Marlaska reforzará la valla de Ceuta (desplazamiento de puntos calientes; licitación del espigón de Benzú). OKDiario. 3 de mayo de 2025.
• Las claves del coste del sistema de acogida en España (tarifas oficiales de 50-58 euros por persona y día; resolución publicada en el BOE; red estatal de unas 45.000 plazas). Moncloa.com. 20 de junio de 2026.
• Manual Esfera [Sphere Handbook], estándares mínimos de respuesta humanitaria. Sphere Association.
• Disturbios de Torre Pacheco (Murcia), julio de 2025, con los bulos y vídeos falsos como acelerante. Cobertura general de prensa nacional.
• Egypt–Israel barrier (240 km; ~380 millones de dólares; desvío del flujo al Mediterráneo). The Times of Israel; CFR.
• The High Cost and Diminishing Returns of a Border Wall; The Cost of the Border Wall Keeps Climbing; informe de la GAO sobre la imposibilidad de medir la eficacia del muro. American Immigration Council; Cato Institute; CBS News.
• Europa sigue siendo el principal socio comercial de Marruecos (62% de los intercambios totales en 2024; 71,4% de las exportaciones marroquíes con destino a Europa; España primer socio, seguida de Francia; informe anual de la Oficina de Cambios de Marruecos). Walaw / Office des Changes. 2025.
• Resolución del Parlamento Europeo de 10 de junio de 2021 sobre la crisis de Ceuta, con condena del uso de la presión migratoria y de los menores como herramienta política.
• Francia reduce a la mitad los visados a Marruecos por la falta de cooperación en las readmisiones (septiembre de 2021) y los restablece al mejorar la cooperación (diciembre de 2022). Cobertura general de prensa francesa y española.
• Sentencias del Tribunal de Justicia de la UE de 4 de octubre de 2024 (asuntos del Frente Polisario) que anulan los acuerdos comercial y pesquero UE-Marruecos en lo relativo al Sáhara Occidental.
• Acuerdo Euromediterráneo de Asociación UE-Marruecos (en vigor desde 2000), artículo 2, cláusula de elementos esenciales.
• Hufbauer, Schott, Elliott y Oegg, «Economic Sanctions Reconsidered», Peterson Institute for International Economics (sobre la eficacia limitada de los embargos totales frente a las medidas graduadas).