Seguro que a nadie se le escapa que a lo largo de los últimos años han surgido multitud de instructores y escuelas de formación ─digamos que─ «tácticas». El hecho en sí no es malo, sino todo lo contrario, y suponemos que esta proliferación se debe a la demanda de este tipo de formación ─ley de la oferta y demanda─. Como sucede con otras materias, la formación en el sector «táctico» no está regulada, por lo que cualquiera puede crear una escuela de formación y/o convertirse en instructor, sin importar su preparación, experiencia y aptitud docente. Lo cierto es que «el mercado de la formación está inundado de instructores [y escuelas] que todo lo que quieren es que les entregues tu dinero para que puedan convertirte en un guerrero ninja» (HACKATHORN, Ken). La clave radica en saber en quién confiar y «que no te vendan gato por liebre». ¿Cómo formarte a ti mismo?
Seríamos demasiado ilusos si creyéramos que todos esos instructores y escuelas de formación solo tienen un interés vocacional, es decir, que su único objetivo es la formación. Hay que partir de la base que la formación no solo es vocación, sino también una forma de negocio, y ambas cosas son perfectamente compatibles ─la Universidad de Harvard no es precisamente barata─. Quizás el problema surge cuando el negocio prevalece descaradamente por encima de la vocación y la formación pasa a un segundo plano, produciéndose un fenómeno que podríamos llamar «prostitución de la formación» ─deshonrar o degradar la formación abusando con bajeza de ella para obtener un beneficio─. De este modo, la formación se convierte en un mero producto comercial, y sus vendedores ─algunos instructores y escuelas de formación, no todos─ necesitan revestirla de todo el marketing que haga falta para que su producto resulte lo más atractivo posible ─así surgen los «cursos popurrí», por ejemplo─, pasando a un segundo plano el auténtico objetivo de la formación ─el aprendizaje de los alumnos─. El objetivo de esos productos comerciales es más vender que enseñar. Repetimos lo mismo que en el párrafo anterior: la clave radica en saber en quién confiar y «que no te vendan gato por liebre».
Llaman la atención algunos aspectos relativos a la proliferación de instructores y escuelas de formación. Que conste que hablamos en general, sin conocimiento de causa en concreto, es decir, que no va por ningún instructor o escuela de formación en particular. Puede que haya quien se dé por aludido, pero puede estar tranquilo porque no nos referimos a él ─ni a nadie─. Cada uno sabe lo que hace y cómo lo hace. No entramos ni salimos a cuestionar la honorabilidad ni la ética de nadie, dado que a nosotros este tema ni nos va, ni nos viene, ni es nuestro problema, ni nos interesa, ni nos incumbe, ni nos afecta, pero nos llama la atención.
Lo primero que nos resulta curioso es que algunas escuelas de formación operen como asociaciones ─no sabemos si del tipo «sin ánimo de lucro»─, cuando en realidad parece que se trata más de empresas, cuyo negocio es la formación ─como sucede con cualquier escuela privada─, es decir, que parecen realizar una actividad comercial tal como vender cursos. Se supone que operan dentro de la Ley y tributan y facturan según corresponda en virtud de la actividad que realicen, de forma que cumplen con Hacienda, la Seguridad Social o quien corresponda.
Lo mismo decimos de los instructores, que no dudamos ─aunque sospechamos que puede haber quien no lo haga─ que cumplan con sus obligaciones tributarias y demás historias, de tal forma que realizan su correspondiente declaración de haberes, se le aplican las retenciones que corresponda y facturan de alguna forma.
Otro aspecto que llama la atención son aquellos instructores que pertenecen a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, a las Fuerzas Armadas, o a cualquier Administración, dadas las dificultades que presenta para los funcionarios el desarrollo de cualquier actividad privada, en virtud de la regulación al respecto que establece la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas. No obstante, al disponer del previo reconocimiento de compatibilidad por parte de la Administración para ejercer como instructor no existe ningún problema y se evitan sanciones disciplinarias.
Por otra parte, dado lo delicado que es el tema de la seguridad con las armas de fuego, es de suponer que instructores y escuelas de formación cuentan con la garantía correspondiente en forma de seguro de responsabilidad civil y accidentes. De otro modo, tanto instructores y escuelas, como alumnos, quedarían expuestos frente a cualquier incidente y «más vale prevenir que curar».
Por último, dado que tanto se cuestiona la formación oficial que se imparte en las diferentes escuelas «públicas», y a la vista de la proliferación de instructores y escuelas de formación «privadas», que pretenden aprovechar o atender la demanda que ello genera, puede que la mejor forma de solucionar las deficiencias que existen en la formación oficial pase porque aquellos que reúnan las condiciones necesarias soliciten destino en alguna de sus escuelas, de tal forma que sus compañeros no necesiten acudir al sector «privado» y puedan aprovechar mejor los recursos «públicos». Si algo está mal, la solución es arreglarlo o al menos intentarlo.
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Tienes toda la razón.